Unidad de Acción, formada por los sindicatos CSIF, STAS, CCOO, UGT y la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM), han exigido la dimisión de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y del viceconsejero de Medioambiente, José Almodóvar, ante su "incapacidad negociadora" con el cuerpo de agentes.
Por ello, han reclamado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a través de un escrito, a que medie para que desde el Gobierno regional reconozcan las demandas "incumplidas" de este cuerpo. Desde la Unidad de Acción recuerdan que llevan nueve años reclamando una Ley regional del Cuerpo de Agentes Medioambientales, el paso al Grupo B, la mejora del complemento específico y de nivel o la orden de horarios y contingencias en el medio natural, entre otras cuestiones.
De no cumplirse con sus reivindicaciones, los sindicatos que representan a los agentes medioambientales volverán a salir a las calles para manifestarse por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la consejería de Desarrollo Sostenible.
Alegan que en noviembre el BOE publicó la Ley 4/2024 Básica de Agentes Forestales y Medioambientales, que llevan esperando "durante décadas" y que es básica para "la modernización" de estos cuerpos de agentes. Así, a principios de diciembre, la administración regional presenta "un borrador" que modifica la norma con artículos "que suponen un retroceso en toda regla en la modernización".
Los sindicatos critican que dicha modificación no ha sido dialogada, ya que han presentado alegaciones y todas se han desestimado. De esta forma, han reivindicado que el cuerpo de agentes medioambientales "siempre" ha estado a disposición del Gobierno de Castilla-La Mancha para las eventualidades que pudieran suceder, como fue el caso de la pandemia o de la catástrofe de la DANA en Mira y Letur.
En su opinión, la respuesta de la consejería de Desarrollo Sostenibles ha sido presentar "un proyecto de modificación del reglamento que recorta los derechos de este personal funcionario y que supone empeorar la prestación de los servicios".