«Las mujeres víctimas son cada vez más conscientes de lo importante que es denunciar los hechos ante las autoridades policiales o judiciales». Así de claro lo expone la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, tras la publicación de los datos del tercer trimestre, una estadística que refleja también en líneas generales «el excelente trabajo» de los juzgados a pesar del importante volumen de asuntos que les llega, como apunta el aumento de las denuncias, que al margen de la visibilización de la violencia de género también sacan a la luz «una realidad difícil», que esta problemática «sigue muy presente en España».
Toledo mantuvo un comportamiento similar a la estadística nacional entre julio y septiembre, un trimestre muy activo, dado que los juzgados de la provincia ingresaron cerca de siete denuncias diarias. En total, recibieron 607, un 1,84% más que en el segundo trimestre. Se observa un repunte, pero lo cierto es que el aumento es moderado teniendo en cuenta el incremento del 8,09% de media en el ámbito nacional. Además, las cifras caen respecto al año anterior, con una bajada del 4,7% en el número de denuncias.
Al respecto, la estadística trimestral del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género arroja también que Toledo es la provincia de Castilla-La Mancha con mayor número de denuncias, con cifras muy superiores al resto dado que Ciudad Real registró 509; Albacete, 339; Guadalajara, 206 denuncias; y Cuenca, 147.
A pesar de esa mayor concienciación sobre la violencia machista y la necesidad de denunciar, lo cierto es que los datos vuelven a invitar a reflexionar sobre la necesidad de que familiares, amigos y el círculo próximo de la víctima tomen partido y denuncien porque hasta la fecha esa actividad es prácticamente inexistente. Sin ir más lejos, en este tercer trimestre únicamente dos de las denuncias formalizadas mediante atestado policial contaron con la implicación familiar. La mayoría, concretamente 536 denuncias directamente a las fuerzas de seguridad, fueron a instancias de la víctima y 43 con intervención policial.
Una lectura más a fondo también refleja que la mayor parte de las víctimas que finalmente se atreven a contar su situación y acudir a los tribunales son españolas. En concreto, de las 607 denuncias formalizadas, únicamente 163 corresponden a mujeres extranjeras, una tendencia que se repite en cada boletín trimestral desde que existen estos recuentos.
Los datos sobre denuncias suelen acompañarse siempre de las dispensas, es decir, la renuncia de las víctimas a declarar durante el procedimiento, un derecho reconocido al que pueden acogerse que complica la acción judicial. Esta vez se han contabilizado 50 renuncias, las mismas que durante el segundo trimestre y un 16,2% más que en el mismo periodo de 2022.