Un tribunal militar de Birmania (Myanmar) condenó este viernes a la derrocada líder Aung San Suu Kyi a siete años de cárcel al encontrarla culpable de cinco cargos de corrupción, en el último de los casos presentados en su contra, informaron fuentes cercanas al proceso.

Con esta nueva sentencia, Suu Kyi, de 77 años y detenida en una prisión en Naipyidó, acumula un total de penas de 33 años a raíz de un maratón de juicios celebrados con secretismo por casi una veintena de delitos imputados tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.

Este era el último proceso, dirimido por un tribunal especial ubicado en el correccional, programado contra la premio nobel de la paz, quien en esta ocasión era juzgada por abuso de su posición para el alquiler de terrenos y por la compra y alquiler de helicópteros, entre otros delitos vinculados a la corrupción.

La líder electa, detenida durante las primeras horas de la sublevación, ya ha sido hallada culpable por una retahíla de delitos como vulnerar las leyes contra la pandemia, la importación ilegal de "walkie talkies", la violación de la ley de Secretos Oficiales y el fraude electoral, entre otros.

La primera condena contra la depuesta política, vista por el pueblo birmano como una heroína en la lucha por la democracia y que ya paso años de arresto domiciliario bajo anteriores dictaduras militares, fue anunciada el 6 de diciembre del año pasado.

Los abogados de Suu Kyi, a los que la junta militar ha prohibido hablar con los medios de comunicación, han calificado como una fabricación todas las acusaciones presentadas en su contra.

La sentencia se conoce después de que la semana pasada el Consejo de Seguridad de la ONU reclamara la liberación de todos los presos políticos detenidos desde la sublevación, incluida Suu Kyi, en la primera resolución que el órgano emite sobre Birmania desde 1948.

El texto del máximo órgano de decisión de Naciones Unidas, que ha sido objeto de negociaciones durante meses y salió adelante con doce votos a favor y tres abstenciones -de China, Rusia e India-, también reclamó un cese inmediato de la violencia en Birmania.

Estas demandas fueron reiteradas hoy por el Parlamento Europeo en su cuenta de Twitter, en la que pidió la liberación de la nobel de la paz y el fin de la violencia "para que la democracia vuelva a Birmania".

El subdirector de Human Rights Watch (HRW) en Asia, Phil Robertson, indicó en un comunicado que la junta birmana ha elegido esta fecha para anunciar la sentencia, dos días antes de Año Nuevo, para que la noticia no tenga publicidad y afirmó que la posibilidad de un juicio justo "nunca fue remotamente posible".

En su opinión, "el ridículo y totalmente injusto desfile de cargos y condenas contra Aug San Suu Kyi es un castigo de motivación política diseñado para mantenerla entre rejas para el resto de su vida".

Por su parte, Meg de Ronde, directora de Amnistía Internacional en la región del Sudeste Asiático declaró que los casos contra Suu Kyi han sido "motivados políticamente, injustos y con una falta completa de nada que se parezca a la transparencia", al igual que los casos contra miles de opositores "que se pudren entre rejas" en las cárceles y centros de interrogación birmanos.

De Ronde criticó que desde que la junta se hizo con el poder hace casi dos años "ha convertido los tribunales y el sistema penitenciario en un infierno de derechos humanos en el que periodistas, activistas, políticos, médicos, manifestantes y muchos otros están encarcelados por nada más que expresar pacíficamente su disenso".

El golpe militar del 1 de febrero de 2021 ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.

Al menos 2.682 personas han muerto por la brutal represión ejercida de parte de las fuerzas de seguridad, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, y más de 13.100 permanecen detenidas, según datos de la oenegé birmana Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).