El juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, ha rechazado amnistiar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a los demás implicados en la supuesta injerencia rusa en el procés y ha pedido al Tribunal Supremo que les investigue por los delitos de traición, malversación y organización criminal.

Pese a que la Audiencia de Barcelona le ordenó cerrar en mayo pasado la causa sobre la supuesta injerencia rusa en el procés, porque la había prorrogado sin justificación, Aguirre abrió en junio una nueva pieza separada en el caso Volhov en que apuntó entre otros contra los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont y el diputado de Junts Francesc de Dalmases.

Al ser Puigdemont y Dalmases aforados -ambos son diputados en el Parlament-, el juez, tras rechazar que se les pueda aplicar la amnistía, ha remitido ahora una exposición razonada al Supremo, adelantada por El Periódico y ABC y a la que ha tenido acceso EFE, en la que pide que asuma la investigación por esta causa, por los delitos de malversación, traición y organización criminal.

Aguirre ha dictado el auto un día después de que el juez Manuel García-Castellón archivara la causa por terrorismo de Tsunami Democràtic al acatar la orden de la Audiencia Nacional que anulaba las últimas prórrogas de la investigación, como sucedió en la pieza del caso Volhov sobre las supuestas conexiones en Rusia.

Joaquín Aguirre argumenta que la supuesta trama rusa no entra en la amnistía, porque la ley excluye aquellos actos que supusieran una "amenaza real y efectiva" o un "uso efectivo de la fuerza" contra la integridad territorial de España, lo que a su entender ocurrió con el procés.

Para el magistrado, la ley de amnistía emplea el término amenaza como sinónimo de peligro por una "deficiente técnica legislativa", lo que genera "problemas gravísimos de interpretación sistemática" al analizar ese concepto así, como el de utilización de la fuerza.

De acuerdo con su interpretación, debe entenderse por amenaza la "probabilidad alta" de que la traición se llevara a efecto y, a su juicio, poco antes de la declaración de independencia de octubre de 2017, "la injerencia rusa estuvo a un solo paso de dar sus frutos".

Si no llegó a hacerse efectiva, añade, fue porque "el expresident Puigdemont tuvo pánico, es decir, tuvo un grado muy alto de miedo y temor, por lo que implicaba para Cataluña y él mismo continuar con la DUI y la entrada en la órbita del neoimperialismo ruso de carácter iliberal y antidemocrático, contrario a la democracia liberal de la UE".

Tras la fallida DUI, añade el magistrado, el "peligro real y efectivo" siguió existiendo, dado que desde el entorno de Puigdemont "siguieron profundizándose las relaciones con las más altas esferas del Kremlin" por parte de Josep Lluís Alay, asesor del expresident, y de su abogado Gonzalo Boye.

Para sustentar su tesis de que la causa no es amnistiable, el juez se remite a una resolución del Parlamento Europeo del pasado mes de febrero que denunciaba la injerencia rusa en procesos democráticos de la UE, lo que a su parecer demuestra que la amenaza del Kremlin "no está centrada exclusivamente en Cataluña, sino que afecta a otros países como son Alemania, Francia, Italia y Letonia".

Como ya hiciera al abrir la pieza separada, Aguirre blande el concepto de "guerra híbrida" -conflicto bélico centrado en la sociedad civil al que cree abría la puerta la injerencia rusa- y concluye que el movimiento Tsunami Democràtic que organizó las protestas contra la sentencia del procés "bien podría calificarse como la sección terrorista de todo el entramado secesionista".

En sus 82 páginas de exposición razonada, el juez no especifica si eleva al Supremo únicamente la causa contra Puigdemont y Dalmases o también contra los demás implicados en la causa, si bien subraya que las personas no aforadas "se encuentran inescindiblemente unidas" en una actuación "presuntamente punible".

Para justificar que envíe el caso al Supremo y no al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) -ante el que Puigdemont y Dalmases serían aforados-, Aguirre explica que se les imputa la pertenencia a una organización criminal parte de cuyos miembros cometieron hechos punibles en el extranjero.

El juez apunta que la "organización criminal" de la que formarían parte "de una u otra forma" los investigados -delito que introduce por primera vez en la exposición razonada, sin que constara en la pieza separada sobre la injerencia rusa- se inició en 2010, con el nombramiento de Artur Mas como presidente de la Generalitat.

En concreto, detalla que se ha podido acreditar que dirigentes independentistas "del más alto nivel" del gobierno catalán, incluido Puigdemont, mantuvieron contactos con personas cercanas a los servicios de inteligencia rusos y al gobierno de la Federación Rusa, y que han trascendido las "mutuas exigencias" para llegar a un acuerdo común que "que beneficiara a ambas partes".

En este sentido, opina que para la "política rusa" el procés era una "herramienta perfecta" en su lucha contra Occidente: si el independentismo fracasaba -"como ocurrió", resalta-, desestabilizaba a un país miembro de la OTAN y, si hubiese triunfado, Rusia habría contado con una "puerta trasera" para desestabilizar a toda la Unión Europea.