La petición de prisión preventiva puede dar lugar al acuerdo del fiscal y el juez o a discrepancias si el magistrado no ve que se cumplen todos los requisitos. Sin embargo, en la mayor parte de los casos ambos operadores jurídicos coinciden, como prueba el hecho de que la estadística únicamente ha dado cuenta de once casos en los que la petición de la acusación no ha sido aceptada por los jueces. Según los datos, la Fiscalía solicitó prisión preventiva en 58 casos durante 2022, una cifra que sorprende porque registra una bajada del 64,9% respecto a 2021, es decir, cien solicitudes menos. Para la Fiscalía de Castilla-La Mancha resulta tan llamativo que duda «que las cifras» aportadas por los fiscales toledanos «sean correctas», ya que  las peticiones de prisión preventiva superan el centenar todos los años.

Si se atiende a las tipologías delictivas, las peticiones que han dado lugar a la medida de prisión preventiva, con o sin fianza, han sido los delitos contra el patrimonio, integridad corporal, salud pública, vida y contra la libertad sexual, aunque también son numerosas las ligadas al quebrantamiento de medidas cautelares adoptadas en procedimientos de violencia de género.

La memoria también incluye información y datos sobre otros aspectos de la labor de los fiscales y apunta que la Fiscalía de Toledo formuló un total de 3.833 escritos de acusación, lo que refleja también un aumento de actividad y datos que regresan a la situación previa a la pandemia. Los delitos más habituales están relacionados con la seguridad vial, la violencia de género, contra la integridad física,  contra la salud pública y contra la libertad sexual, entre otros.