Con una facturación de unos 170.000 millones de euros y unas 30.000 empresas en activo, la industria alimentaria constituye un pilar básico en el conjunto de la industria y de la economía en general, un instrumento indispensable para el desarrollo de la actividad en el sector agrario y a la vez para el sostenimiento del mundo rural. A todo ello se suma su papel para el suministro de una oferta de alimentos suficiente en volumen y calidad a precios razonables para el consumo, donde destaca un gasto de 90.000 millones de euros en 2023 solo en los hogares.

Este elevado volumen de negocio que supone manejar más de 30 millones de toneladas en un sector en el que el suministro de materia prima puede sufrir grandes oscilaciones, tanto en volumen como en precios, hace que sobre la actividad del sector mismo surjan, a menudo, dudas sobre el funcionamiento de la Ley de la Cadena en la comercialización, cuando no sobre el control de la calidad y seguridad de los alimentos. Preocupa, sobre todo, la dispersión existente de competencias entre diferentes entidades o departamentos -Agricultura, Sanidad, Consumo, ayuntamientos, consejerías-, con los posibles fraudes como ejes.

Hace unas fechas, Antonio Luque, el responsable de la mayor cooperativa aceitera del mundo    -Dcoop-, se planteaba si la permanente caída de los precios -un 50% en origen hasta menos de cinco euros kilo- era consecuencia de un desajuste entre oferta y demanda o fundamentalmente a causa de la existencia en los mercados de un mezcla de aceite de oliva con otras grasas más baratas en medio de la indiferencia de las Administraciones.

Se trata de una denuncia en el aceite de oliva auspiciada hoy por la caída de los precios, pero que no es una novedad en el conjunto de la oferta alimentaria por motivos similares. COAG denuncia por enésima vez en los últimos años la entrada de miel fraudulenta desde países del este que en unas ocasiones llega a los lineales directamente y en otras triangulando para llegar a España vía Portugal. No están lejos los tiempos en los que las denuncias iban por la comercialización de zumos frescos de grupos multinacionales que se habían elaborados con polvos, vinos envejecidos con virutas o aguas de marca procedentes del grifo.

En el conjunto de las prácticas de fraudes alimentarios está casi todo inventado. Por dilución se mezcla un producto de mayor valor con otro de menor precio, reduciendo costes. En un etiquetado incorrecto se incluyen a menudo informaciones erróneas sobre su contenido en valores nutricionales, aditivos, si es o no ecológico... A veces se añaden sustancias desconocidas o no autorizados sin informar al consumidor.

En aras de buscar una mayor transparencia y un equilibrio entre los intereses económicos de todos los operadores juega un papel fundamental la Agencia para la Información y el Control Alimentarios (AICA). Este organismo regula las relaciones entre las partes en materias como el cumplimiento de los plazos de pago pactados, obligatoriedad de contratos, entrega de mercancía, prohibición de cambios unilaterales de las condiciones firmadas y que figuren en los contratos los precios de compraventa.

Datos manejados por la Administración señalan que en lo que va de año la Agencia habría impuesto sanciones por 836 millones, una cifra que duplica la del año anterior, fundamentalmente por la ausencia de contratos o por su existencia de forma irregular y además por el incumplimiento de los plazos de pago pactados.

Competencias.

Junto a estos requisitos que afectan básicamente a procedimientos de gestión, en el eje de la estrategia y los debates para el sector alimentario se halla el conjunto de las exigencias en materia de calidad y seguridad, donde existe una gran dispersión al estar las mismas en las competencias de varios departamentos ministeriales. A ello se suman las que se hallan en cada una de la comunidades autónomas, que ostentan el grueso de las competencias, para acabar en las competencias municipales.

De cara al futuro, estudios llevados a cabo por la Asociación de Investigación de la Industria Alimentaria (AINIA) señalan la existencia, al menos, de una decena de riesgos ligados, en primer lugar, al cambio climático -que modifica las condiciones medioambientales y especialmente la temperatura-, pero también a la adopción de alternativas en el campo de la innovación y por los nuevos hábitos de la demanda.

En esos nuevos riesgos se halla el aumento de la presencia de micotoxinas en los alimentos, el desarrollo de patógenos que hayan dado lugar a resistencias antimicrobianas, la contaminación en aumento de los suelos, cultivos con residuos de estiércoles o fertilizantes químicos, la mayor presencia de microplásticos en los alimentos de consumo habitual. Además, la flexibilización legislativa para alargar la vida útil de los alimentos elaborados para reducir pérdidas y desperdicio alimentario es un riesgo de más intoxicaciones. Desde la AINIA se destacan además los efectos adversos por la introducción de proteínas alternativas con presencia de contaminantes como metales pesados, el incremento de la presencia de toxinas marinas o la propagación espontánea en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente.

Para este ejercicio, sobre la mesa comunitaria estaban diferentes iniciativas legislativas como un nuevo marco regulatorio para un sistema alimentario sostenible, una revisión de los niveles de vitaminas y minerales añadidos a los alimentos, los materiales que pueden estar en contacto con los alimentos para evitar el empleo de metales pesados o un nuevo etiquetado. En España falta una nueva lista de frutas y hortalizas frescas sin la obligación de venderse a granel, una nueva norma sobre la calidad de la miel y de aceites vegetales y una ley sobre prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, pendiente de la legislatura anterior.