Pedro Sánchez y su Gobierno tienen una especial habilidad para cavar trincheras diplomáticas y provocar incendios con otros países, como quedó patente con el reciente encontronazo con el presidente argentino Javier Milei, a cuenta de Óscar Puente, su ministro con el verbo más desabrido. 

Echando un vistazo al retrovisor de su andadura en la Moncloa, salen al menos siete conflictos internacionales. Marruecos, Argelia, el Frente Polisario, Italia, Israel y esta semana al otro lado del Atlántico con Argentina y de nuevo con Tel Aviv, son las muescas que tiene en la culata de su política exterior el líder socialista. Curioso récord, cuando menos, para quien presume de sembrar concordia.

La primera fricción se fechó en 2018 tras conseguir la Presidencia del Gobierno, después de la moción de censura que impulsó contra Mariano Rajoy. Por razones no demasiado claras, Pedro Sánchez decidió romper una tradición que inició Felipe González en 1983, por la que la primera visita oficial de cada nuevo presidente español era al vecino país de Marruecos. Una costumbre que luego mantuvieron el resto de jefes del Ejecutivo. 

 El asunto puede parecer baladí pero no lo es. Desde un punto de vista diplomático, el primer viaje del líder de un nuevo Gobierno tiene un significado político de cortesía y también para estrechar lazos. 

 En este caso, Marruecos interpretó el gesto de Sánchez como un desplante y a eso se añadió después la llamada en noviembre de 2020 del entonces vicepresidente segundo Pablo Iglesias a la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental

 Rabat lo tradujo como un cambio de rumbo en la relación política que le desagradó profundamente. 

 Y cuando el enfado de las autoridades marroquíes era patente, el Gabinete socialista torció aún más las cosas autorizando la entrada en España del líder del Frente Polisario, Ibrahim Ghali, para ser tratado de una afección grave de covid.

Después, a finales de 2022, Sánchez sorprendió a todos con un volantazo diplomático en toda regla respecto al Sáhara Occidental. Un viraje que la opinión pública y la oposición conoció merced a una breve nota difundida por el Palacio Real de Marruecos donde daba cuenta del respaldo del Gobierno español a la propuesta de Rabat para una autonomía tutelada bajo soberanía del reino alauí en el antiguo territorio español.

Este giro enterró la crisis con Marruecos pero abrió otra, y muy seria, con Argelia, nación enfrentada históricamente a Rabat por este amplio y rico espacio que ambos países ambicionan. Y, por supuesto, a la lista de agraviados se sumó el Frente Polisario.

Argel anunció de inmediato que revisaría «todos sus acuerdos con España». El presidente del país africano, Abdelmadjid Tebboune, no ocultó su enfado: «Sánchez ha vendido el Sáhara Occidental al ocupante marroquí y ha dejado de ser un socio creíble para Argelia», manifestó, al tiempo que anunció «tomaría medidas» a corto plazo.

No iba de farol. Horas después, Argelía ordenaba la retirada de su embajador de Madrid y autorizó la primera represalia económica al congelar las transacciones de exportaciones e importaciones con España. También cambió a nuestro país como socio prioritario energético en Europa por Italia y Francia.

Hasta casi dos años después las relaciones con Argelia no comenzaron a destensarse, aunque se mantienen las reticencias.

 En 2023, el frente que se abrió fue con Israel, a raíz de la masacre cometida el 7 de octubre por la incursión terrorista de Hamás que dejó más de 1.400 muertos. 

La guerra total que, como respuesta, desató Tel Aviv en la Franja tuvo ya un primer encontronazo el 17 de octubre con un comunicado de la Embajada hebrea en España, donde condenaron «enérgicamente las declaraciones absolutamente inmorales de algunos elementos del Gobierno de Pedro Sánchez», en referencia a ministros como Ione Belarra, Yolanda Díaz y Alberto Garzón, que hablaron de «genocidio planificado» por parte del Ejército judío.

Meses después, tras su investidura, Pedro Sánchez intentó encontrar un equilibrio entre palestinos e israelíes, pero una frase que pronunció recriminando que «la matanza indiscriminada de civiles inocentes en la Franja, incluyendo miles de niños y niñas, es totalmente inaceptable», al tiempo que abrió la puerta al reconocimiento unilateral del Estado de Palestina, abrió la caja de los truenos con el Ejecutivo de Netanyahu. 

Hamás agradeció a Sánchez su postura «clara y audaz» sobre la guerra y el Estado palestino, lo que le valió severas críticas de la oposición y también del Gabinete judío. Esa brecha, sigue abierta.

En diciembre del pasado año, el Gabinete socialista se metió en otro barrizal diplomático; en esta ocasión con Italia. 

En una comparecencia durante un viaje europeo, Pedro Sánchez incluyó a Italia dentro de la categoría de gobiernos de «ultraderecha» y «reaccionarios», en alusión a la coalición tripartita encabezada por Giorgia Meloni. Como era previsible, la reacción del país transalpino no se hizo esperar. «En España gobierna la extrema izquierda. En Italia los hemos derrotado. Nosotros respetamos el Estado de Derecho. ¿Ocurre lo mismo en Madrid? En Italia gobierna el PPE, en España los secesionistas», replicó el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani,

Esta misma semana, los episodios de afrentas añadieron dos nuevos capítulos. Primero fue la Argentina de Javier Milei. El encargado de cavar la nueva trinchera diplomática fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando atacó al presidente sudamericano al indicar que consumía «sustancias, para insinuar que había acudido drogado a un programa de televisión. 

La oposición cargó contra él pidiendo su dimisión. También lo hizo el Gabinete albiceleste tildándolo de «energúmeno» y criticando la dejadez de Sánchez por ni siquiera reconvenirle. 

Días después fue el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, el que atizó otro fuego al pedir por carta a las empresas españolas con intereses en Israel que adopten todas las medidas necesarias para garantizar que con su actividad no contribuyen a lo que calificó de «genocidio» en Gaza. Su iniciativa abrió otra brecha en el Ejecutivo, cuyo Ministerio de Exteriores la desautorizó, y de nuevo de Tel Aviv, que acusó al ministro «de dar alas a Hamás y alentar el antisemitismo».