En los últimos días ha sido noticia la decisión comunitaria de aumentar los derechos de importación a los coches eléctricos procedentes de China como consecuencia de una investigación sobre la existencia de posibles subvenciones desleales al margen de las reglas de juego internacionales en ese país asiático. Frente a este posicionamiento de Bruselas, las autoridades chinas han respondido con la posibilidad de aplicar represalias contra las importaciones agroalimentarias comunitarias, entre las que el porcino se halla a la cabeza y que tienen al sector español como principal protagonista. Una nueva guerra comercial originada en la industria, en este caso de la automoción, pero donde los efectos se pueden trasladar fundamentalmente a la actividad agroalimentaria y, a la postre, a los agricultores y ganaderos que pagarán los platos rotos. No es la primera vez que esto sucede ni tampoco el primer país que se agarra al sector agroalimentario como moneda de cambio.

La grave peste porcina sufrida por China hace unos años supuso la puesta en marcha de un plan de urgencia para disponer de carne de cerdo suficiente para su alimentación. Se multiplicaron las granjas. Pero, una vez recuperada su cabaña, la necesidad de la importación para alimentar a cientos de millones de personas, aunque sigue siendo hoy importante, ya no es tan imperiosa, por lo que el porcino de importación comunitario sería uno de los sectores objeto de represalias comerciales como moneda de cambio a la decisión comunitaria de elevar los aranceles a la importación de los automóviles chinos. Sucede además, a favor de las decisiones de ese país, que China ha diversificado sus fuentes de aprovisionamiento de porcino fuera de la UE, especialmente en Estados Unidos, Canadá y algunos países asiáticos, por lo que penalizar y hasta bloquear las importaciones comunitarias como medida de represalia a la UE no supone ningún riesgo grave para el abastecimiento de su mercado.

En el caso de España, en ese nuevo escenario planteado por las autoridades de Pekín los productos más afectados serían los ganaderos. A la cabeza se hallan las carnes, con el porcino como protagonista, seguido muy de lejos de otras carnes y despojos. Pero sin dejar a un lado, aunque a un segundo nivel de ventas, otras producciones que están abriendo mercados, como los vinos de calidad y los graneles, el aceite de oliva, la aceituna, los lácteos sin lactosa y hasta los pellejos de los conejos para fabricar gorros y prendas de abrigo. En resumen, otra serie de productos que ni económica ni políticamente tienen una incidencia importante sobre el conjunto de la sociedad china, donde solo los consumen unas minorías. En el caso del porcino, sobre una producción de unos cinco millones de toneladas, las exportaciones totales suponen unos 2,7 millones, de los cuales China lidera las compras entre los terceros países con unas 560.000 toneladas por valor de 1.240 millones de euros, suponiendo el 20% de las ventas exteriores y el 10% de la producción total, aproximadamente.

Al margen de las circunstancias concretas y las condiciones específicas de este enfrentamiento comercial -automóviles chinos en una parte de la balanza frente, fundamentalmente, al porcino comunitario-, la realidad es que los productos agroalimentarios en su conjunto, no solo en China, han constituido tradicionalmente y se mantienen como una moneda de cambio en las negociaciones de acuerdos, generalmente entre países más desarrollados con terceros países para los que la actividad agraria, con la exportación como salida, tiene un mayor peso para su economía.

En este contexto, los gobiernos comunitarios, especialmente en los países del norte, son propensos a abrir más puertas a las producciones agroalimentarias y pesqueras de terceros países a cambio de que los mismos abran igualmente sus fronteras a las exportaciones de bienes industriales o de servicios, desde las nuevas tecnologías a la implantación de la actividad bancaria. Esta filosofía de moneda de cambio es la que se encierra en los diferentes acuerdos comerciales, desde Mercosur para los países sudamericanos a los más cercanos como el de Marruecos. En muchos aspectos, priman los intereses de los consumidores, especialmente de los países del norte de la Unión Europea, frente a los intereses de los productores del sur.

Razones geopolíticas.

Países a los que la Unión Europea exporta tecnología y bienes de alto valor añadido, como automóviles, aviones o servicios, han reclamado tradicionalmente la apertura de los mercados comunitarios a sus producciones agrícolas o ganaderas como moneda de cambio. En este ámbito tienen una posición más competitiva y se podrían destacar las carnes sudamericanas -desde el vacuno a la avicultura-, además de los cereales y determinadas producciones de frutas, zumos y hortalizas. En otras ocasiones, esa moneda de cambio para la venta de las producciones agrarias de terceros países se basa también en diferentes razones geopolíticas de apoyar a determinados gobiernos, como sucede con los estados del norte de África para frenar posicionamientos políticos más radicales.

Cupos, limitación de entradas en volumen, exigencias fito o zoosanitarias y mecanismos arancelarios en frontera han sido los principales instrumentos manejados tradicionalmente por las autoridades comunitarias para proteger sus mercados y a sus productores. Sin embargo esas medidas se han ido transformando y dulcificando a la sombra de la Organización Mundial de Comercio y por el aumento de los intercambios entre los países en ambas direcciones hacia unas relaciones mucho más abiertas en lo que se refiere a las producciones agrarias y agroalimentarias

Finalmente, utilizar los correspondientes acuerdos comerciales y la mayor entrada en los países comunitarios de las producciones agrarias desde terceros países como moneda de cambio para facilitar las exportaciones de otros sectores industriales tiene su inevitable impacto en la actividad y rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, que acarrean problemas de competitividad por sus mayores costes de producción  -mayor seguridad alimentaria, gastos laborales, etc.- con riesgo de cierre de explotaciones y una mayor dependencia exterior.