El paso imprescindible que abre el proceso para la investidura de Pedro Sánchez el próximo jueves como presidente el Gobierno ya está dado con la publicación del texto de la futura ley de amnistía que han de aprobar las Cortes, en los tiempos que determinen los reglamentos del Congreso y el modificado del Senado y que luego será sometida al estudio del Tribunal Constitucional mediante recursos o cuestiones de inconstitucionalidad que podrán retrasar su aplicación en algunos casos. Como estaba previsto tanto el preámbulo de la ley está redactado para tratar de evitar que el TC tumbe la ley, posibilidad que el PP considera poco probable porque lo consideran "un tribunal de parte".
El texto de la ley de amnistía para los procesados y condenados por el proceso independentista se conoce un día después de las masivas manifestaciones contra esa ley convocadas por el PP en todas las capitales de provincia, a las que se sumó Vox, con un seguimiento masivo que da idea del malestar social que provoca por cuanto supone la ruptura de los principios de igualdad entre los españoles, la desaparición del espíritu de la Transición y la supresión de la separación de poderes. Y sobre todo porque supone abrir la puerta para que Pedro Sánchez pueda seguir gobernando al menos dos años si consigue aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado, y que por primera vez gobierne la nación el partido que no ha ganado las elecciones pero que ha sido capaz de reunir mayor número de votos en el Congreso, y en ese sentido ha laminado la posibilidad de que tras las elecciones del 23-J pudiera establecerse un gobierno de coalición entre el PP y Vox, que deberán abandonar la estrategia de la repetición electoral.
La denominada "Ley de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña" que pretende devolver la resolución del conflicto político catalán a los cauces del debate político mediante el diálogo y la negociación, no hace mención al concepto lawfare, la utilización interesada de la justicia para interferir en procesos políticos, que motivó la reacción en cadena de todos los estamentos judiciales tras su inclusión en el texto del acuerdo entre el PSOE y Junts, relacionado además con las dos comisiones de investigación que se abrirán en el Congreso sobre los casos Pegasus y Kitchen que ya estaban previstas, y que en ningún caso afectarán a decisiones judiciales. De esta manera el Gobierno pretende salvar uno de los puntos que más rechazo suscitaba de la ley, pero no evitará, si los tribunales no pueden hacerlo, que el expresidente de la Generalitat, el prófugo Carles Puigdemont regrese a España en loor de multitudes y sin pasar por la cárcel. La amnistía, sin embargo, no será de aplicación a los procesados por otros delitos de corrupción y comunes, como Laura Borrás o el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye.
Con sus referencias continuadas a que la amnistía es un procedimiento que se enmarca en la Constitución, el Estado de derecho y el ordenamiento jurídico nacional e internacional se vuelve a dar una vuelta de tuerca a que los independentistas rechazan volver a la unilateralidad. Una interpretación benevolente que los independentistas negarán por lo que tendrá que pasar tiempo para observar si los resultados de la ley contribuyen a mejorar la convivencia en Cataluña o si aumenta el malestar social en el resto del país.