Ainhoa Franco no se despegará del móvil en 24 horas. Hoy le toca guardia del turno de oficio específico de violencia de género y en cualquier momento puede entrar una llamada avisando de que hay una mujer en una comisaría o en un cuartel de la Guardia Civil. Hasta allí se desplazará con rapidez para informar y asistir a la víctima porque es un derecho y así se dicta en el protocolo de actuación, independientemente de que declare y presente o no denuncia. Aún así, la ecuación no siempre asegura el resultado.
«Ellas tienen derecho a que se las asista, aunque también pueden rechazar abogado, pero no siempre se les informa bien y en algunos casos incluso se intenta disuadirlas o se las convence para que no lo pidan y no lo hacen porque se encuentran en una situación psicológica tan complicada que no están para decidir». Ainhoa lleva doce años en el turno de oficio de violencia en Toledo, concretamente en Illescas, uno de los partidos judiciales de España con mayor número de casos, y ha lidiado con todo tipo de situaciones en todos estos años. Explica que las fuerzas de seguridad aplican el protocolo e informan a la víctima de que puede pedir asistencia letrada, pero no siempre suena su teléfono o el de sus compañeros, los cuatro abogados restantes que se reparten las guardias del resto de partidos judiciales de la provincia.
«Es muy importante que la víctima entre en contacto con nosotros. Cuando no es así y en los juzgados contactas con ellas se lamentan de no haberlo hecho antes». Los abogados de este turno de oficio especializado se encargan de asesorarlas independientemente de que quieran o no denunciar, incluso las acompañan en los casos en los que deciden retirar la denuncia una vez interpuesta.
«A veces, retiran la denuncia porque en ese momento no están capacitadas psicológicamente para enfrentarse a un procedimiento judicial». Otras veces, esta abogada se ha topado con que en muchos casos de maltrato habitual, «la víctima también está sufriendo violencia sexual y ni siquiera es consciente de detectarlo».El papel de Ainhoa va más allá para evitar también que la mujer que se encuentra en el juzgado no sufra una «revictimización» y se le obligue a revivir y a explicar varias veces lo ocurrido.
«Cuando una mujer termina denunciando es porque la situación es insostenible», explica Ainhoa, sobre todo, la decisión, según su experiencia, llega «cuando ven peligrar su integridad física porque la psicológica ya la tienen destrozada desde hace tiempo». La información sobre el proceso judicial y las medidas es clave porque no todas las víctimas cumplen los requisitos para obtener una orden de protección, por ejemplo, aunque la mayoría sí sale de los juzgados con ella.
Ainhoa puede asistir a una víctima, a dos, o a cinco el mismo día, aunque tantas no es lo habitual. Sin embargo, en el partido judicial de Illescas se producen tantos casos «que prácticamente colapsan el despacho» y hay momentos en que el turno de oficio ocupa todo el tiempo laboral. Sin embargo, la abogada explica que la dinámica cambiará en breve, con la entrada del Juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer en Toledo capital el 1 de enero. De momento, no hay información al respecto ni se ha avanzado cómo trabajará el turno de oficio, ya que en la actualidad se reparte en cuatro zonas de la provincia, Toledo capital, Torrijos, Illescas y una zona dos compuesta por Quintanar, Ocaña y Orgaz. Si bien, la entrada de este nuevo órgano modificará las áreas territoriales dado que aglutinará la materia de la capital y de los juzgados de Illescas y Orgaz.
En principio, todos los operadores judiciales están intrigados y aluden a la falta de información. Para Ainhoa resulta «una barbaridad» que Toledo tenga un único juzgado especializado y se ubique en la capital porque cree «que alejará a muchas víctimas de los juzgados» por los desplazamientos y la falta de recursos. Y algo similar puede ocurrir con los letrados por dispersión territorial en la provincia.
Reivindicaciones. Desde hace años se denuncia públicamente que los abogados del turno de oficio están mal pagados -a razón de 60 euros la asistencia y 120 si son dos o más-, pero, al menos, la administración ha agilizado los trámites burocráticos y reciben su asignación con menos retraso. Sin embargo, la cuestión económica influye porque la provincia de Toledo únicamente cuenta con cinco abogados adscritos a este turno cuando sería necesario doblar su número para garantizar que las víctimas estarán atendidas en caso de que se produzcan bajas o cualquier otro impedimento. «Ahora mismo si me pongo con gripe y no puedo trabajar en mi guardia, Illescas se queda sin cubrir», subraya la abogada con resignación porque el Ministerio de Justicia no autoriza aumentar la plantilla por cuestiones económicas.
Ainhoa tiene claro que faltan medios personales, materiales y más formación. «No hay suficiente personal en los juzgados, no hay equipos de psicólogos, ni dependencias judiciales adecuadas para las víctimas y sus hijos». La lista de reivindicaciones es tan amplia que pone en evidencia la complejidad y las lagunas que aún asoman en el ámbito de la violencia de género. «No es justo que las víctimas tengan que esperar horas y horas en los juzgados, hay escasez de plantilla en la Policía Nacional y la Guardia Civil, falta de especialización y formación en algunos magistrados...».
Además, Ainhoa tiene claro que a pesar de que los juicios rápidos se consideren un avance, la rapidez lastra la posibilidad de que cada caso sea analizado con mayor profundidad y con el apoyo de informes psicológicos, lo que provoca que se juzguen «los últimos hechos» aunque el procedimiento pueda dar para mucho más.
A pesar de las carencias, Ainhoa tiene un balance positivo de su trabajo en el turno de oficio. «Me ha ayudado a ser mejor profesional, mejor persona, a conocer lo que hay en el mundo y a saber lo que no estoy dispuesta a aguantar como persona y como mujer». En cada guardia se sigue sorprendiendo «de la capacidad de la víctima para sobreponerse, aguantar y, en muchos casos, seguir al lado del agresor dando más importancia a su rol que al propio».