Las estadísticas cuentan. Hablan de realidades aunque los números sean fríos y no alumbren la dimensión de la violencia de género. Se quedan cortas, pero gracias a estas herramientas se va ganando foco en la problemática y se radiografía, aunque en blanco y negro, la situación posibilitando más implicación y recursos por parte de las administraciones. Hace cinco años, únicamente trece países del mundo destinaban presupuesto para estadísticas de género y, afortunadamente, España cuenta con un dinámico y activo Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género que publica trimestralmente cifras sobre la violencia machista que ayudan a sacar a la luz la actividad judicial en todas las provincias, incluida Toledo. 

Atendiendo a los datos disponibles, distintos indicadores muestran un aumento de víctimas, de denuncias e incluso de renuncias al procedimiento por parte de la víctima, pero lo más llamativo quizá del primer semestre del año, dado que aún no hay información de más trimestres,  refleja una subida del 26,9% de los enjuiciados respecto al mismo semestre de 2022. En total, 250 supuestos agresores han pasado por los tribunales entre enero y junio de 2023, 53 más en comparación con los del primer semestre de 2022. 

Otro de los datos relevantes es el aumento del 4, 37% del número de mujeres víctimas, con un total de 1.025 en el primer semestre del año. 

La denuncia suele ser el epicentro del procedimiento en la mayor parte de los casos. De enero a junio se formalizaron 1.092 en los juzgados de la provincia, un 1,7% más que en el primer semestre de 2022, con lo que la subida no resulta muy significativa. Sin embargo, las cifras sí reflejan que todavía hay víctimas reticentes a acudir a los juzgados y a denunciar a sus parejas o exparejas por miedo, desprotección, problemas económicos, o una mezcla de las tres a pesar del esfuerzo de las administraciones para visibilizar la importancia de que  pongan en conocimiento su situación a las fuerzas de seguridad y a los juzgados.

Además, la estadística también incluye la renuncia de la víctima a declarar, un derecho reconocido por ley al que se puede acoger que preocupa a los operadores jurídicos porque en la mayoría de los casos provoca la suspensión del procedimiento. A pesar de que no son muy numerosas, los juzgados de la provincia registran un aumento del 36,2% en el número de renuncias, pasando de 80 en el primer semestre de 2022  a 109 en los primeros seis meses de este año.

Otros datos. Las condenas impuestas por los jueces fluctúan según el trimestre sin seguir un patrón, pero lo cierto es que sí se puede afirmar que se han formalizado más en 2023 que en 2022. En este caso, de enero a marzo de este año los magistrados condenaron al 95% de los encausados, porcentaje que se redujo   mínimamente en el segundo trimestre, a un 94,6%. Por contra, en el primer trimestre de 2022  se condenó al 80,6% de los encausados y en el segundo el porcentaje aumentó de manera significativa hasta el 93,6%.

Por último, las órdenes de protección experimentaron un aumento del 19,1% en 2023 respecto al mismo periodo de 2022 y crecieron en un 14% las denegadas.