Greenpeace ha publicado un informe sobre la expansión del regadío en España que ha hecho saltar las alarmas en nuestra región. Este estudio destaca el impacto negativo que esta práctica está teniendo sobre el medio ambiente. El informe señala que un 16,2% de los regadíos se encuentran en áreas "tensionadas", donde los acuíferos están en mal estado o en riesgo por contaminación, exacerbado por la crisis climática. Además, denuncia la presencia de regadíos ilegales, que podrían aumentar la presión sobre estos recursos en un 10% a 15% más. La organización advirtió que las políticas actuales no solo son insostenibles, sino que empeoran la situación medioambiental en una región especialmente vulnerable al cambio climático.
Esto choca frontalmente con las intenciones del gobierno regional de Castilla-La Mancha, que impulsó en 2023 una ambiciosa política de modernización y expansión del regadío, destinada a mejorar la eficiencia en el uso del agua en un contexto de cambio climático. La Junta anunció una inversión de 34,6 millones de euros para modernizar 22.000 hectáreas de regadío, beneficiando a más de 16.000 agricultores. Estas inversiones buscaron implementar nuevas tecnologías para optimizar el uso del agua y la energía en las explotaciones agrarias, permitiendo que se mantuviera la actividad agrícola a pesar de la menor disponibilidad de agua debido a la reducción de precipitaciones en la región.
Los datos de Greenpeace proyectan una reducción a gran escala de la superficie de regadío para 2040 debido al cambio climático. Según dos posibles escenarios de futuro, conocidos como RCP 4.5 y RCP 8.5, que representan diferentes niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, la cantidad de tierra dedicada al regadío variará considerablemente.
- En el escenario RCP 4.5, que supone una disminución moderada de las emisiones, se espera que en 2040 haya 561.105 hectáreas de regadío. Sin embargo, esto supondrá una reducción de 22.450 hectáreas, equivalente a una disminución del 3,85% con respecto a la situación actual.
- En el escenario RCP 8.5, que contempla un aumento elevado de las emisiones y un clima más severo, la superficie de regadío será de 538.720 hectáreas. Aquí, la reducción será mayor, con 44.835 hectáreas menos, lo que representa una disminución del 7,68%.
Esto demuestra que, debido al cambio climático, será necesario reducir el área de regadío para gestionar el agua de manera más sostenible en Castilla-La Mancha. Aunque se están haciendo esfuerzos para modernizar los sistemas de riego y ahorrar agua, las proyecciones indican que el futuro traerá menos disponibilidad de agua, por lo que se deberá reducir la cantidad de tierras regadas para proteger los recursos hídricos.
Pese al informe, las cortes de Castilla-La Mancha reconocen la agricultura como una institución a fomentar, representando así un activo vital para la sostenibilidad del medio rural. Además, alegan que la importancia de este modelo se ve reforzada por le hecho de que la región es pionera en la producción de alimentos de calidad diferencial, en la expansión de la agricultura ecológica o el desarrollo de los mercados cortos y/o locales, algo prioritario para la Unión Europea.