Un 14 de marzo, pero de hace cinco años, el gobierno de la nación decretaba el confinamiento de los ciudadanos para frenar la expansión de un virus de origen y comportamiento desconocido. Se abría un tiempo insólito, de miedos indiscriminados, de aislamiento, de incertidumbres, de paralización de la economía, de la pérdida del empleo y también los días de una vileza sin precedentes.
La oposición utilizó cada renovación del Estado de Alarma, tras la primera aprobación para, en las sucesivas renovaciones, humillar al gobierno, demostrar la soledad del presidente, acusarle de dictador y de querer cambiar la Constitución para reforzar su poder. La tendencia se recrudecería cada vez que el gobierno tenía que llevar al Parlamento la renovación del Estado de Alarma. Los representantes de los ciudadanos se olvidaron de ellos y se dedicaron a sus peleas contra el gobierno y los técnicos que le asesoraban. Dramático resultó el acoso a Fernando Simón. Nadie del gobierno estaba libre de ser cuestionado, mientras el número de contagiados, y pronto de muertos, se disparaban. ¿Alguien recuerda que los partidos políticos ofrecieran su apoyo al gobierno para paliar los efectos desastrosos de una pandemia tan desconocida como letal? La derecha se dedicó a hablar de las tentaciones dictatoriales y bolivarianas de Sánchez y de su gobierno de izquierdas. Era evidente que, mientras moría gente, a la derecha le importaba más la refriega doméstica que los efectos de una epidemia que causaba muertos. Había que debilitar al gobierno por encima de cualquier otro interés, incluida la salud de los ciudadanos, antes que proponer medidas que sirvieran para atenuar el desastre que una epidemia siempre causa. Se convirtió cada renovación del Estado de Alarma, en un espectáculo de acoso a un gobierno que, por otra parte, se afanaba en buscar soluciones dentro y fuera de España.
A la ofensiva se sumarían las Comunidades Autónomas que vieron la posibilidad de escamotear sus responsabilidades en base a las competencias transferidas. Los presidentes adscritos al PP se sumaron con entusiasmo a la agresividad de sus jefes y los que no lo eran pretendían conseguir mayor protagonismo nacional y más recursos para sus maltrechas economías. No hay que olvidar que veníamos de unos gobiernos y unas decisiones políticas de la derecha que habían recortado inversiones sociales y sanitarias, que apenas contaban con posibilidades de saltarse los límites de unos presupuestos restrictivos y que carecían de margen para autofinanciarse.
En un intento del gobierno de aliviar la presión del Parlamento y de las Comunidades se inventó eso de la «cogobernanza». Una fórmula que alagaba el ego de los presidentes autonómicos por la importancia que adquirían a nivel nacional y que reforzaba el poder de las Comunidades Autónomas en detrimento del poder del Estado. Curiosamente los mismos que en otros asuntos pedían a gritos un Estado fuerte y que ya hablaban de la destrucción de España por la debilidad del gobierno de izquierdas. Fueron tiempos viles, días terribles en los que los ciudadanos desorientados no sabían quienes les protegerían de un virus que nadie conocía. 
En estos días, cinco años después, que se recuerdan aquellos sucesos, una gran parte de los medios de comunicación se han dedicado a un enfoque más humano de lo que supusieron aquellos años. Nadie ha querido recordar los días de vilezas sin límites en los que lo que importaba no era el bienestar de los ciudadanos, sino la caída del gobierno de Sánchez. Afortunadamente aquello se superó y el gobierno se encuentra ahora en otra tesitura similar. A la derecha, como siempre, le interesa más escenificar la debilidad del gobierno que el futuro de España en una Unión Europea en crisis profunda. Esa será la siguiente historia.