La sección segunda de la Audiencia Provincial juzgará mañana desde las 11:30 horas a la exalcaldesa de Ocaña Remedios Gordo como presunta autora de un delito de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos. Por todo ello, la Fiscalía solicita una pena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por el primero y tres años y medio de presión y otros tantos de inhabilitación para empleo o cargo público.

El escrito de acusación de la Fiscalía detalla que la exalcaldesa del Partido Popular, quien asumió el cargo en el Ayuntamiento desde 2009 hasta 2019, actuó con ánimo de favorecer a su marido, quien ostentaba el puesto de trabajo de archivero adjunto en el propio Ayuntamiento de Ocaña.

Según la acusación, vulneró conscientemente las normas de contratación administrativa, concretamente la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado en 2011 y derogado 2017. El ministerio público sostiene que Gordo contravino la ley por establecer en febrero de 2016 por orden directa y verbal suya un complemento de productividad de 200 euros netos mensuales en la nómina de su marido.

El esposo cobró ese complemento hasta el mes de octubre de 2019, fecha en que fue retirado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de Ocaña.

La petición de penas de la Fiscalía alcanza también al marido de Remedios Gordo, identificado por las iniciales J. J. G. C. De esta manera, pide contra él dos años de prisión y otros tantos de inhabilitación para empleo o cargo público por ser cooperador necesario de un delito de malversación de caudales públicos.

Remedios Gordo ejerció como alcaldesa de Ocaña entre 2009 y 2019. En esas últimas elecciones, fue también la aspirante del Partido Popular a la Alcaldía de Ocaña, pero los socialistas ganaron los comicios en la localidad. De tal forma que Eduardo Jiménez tomó el relevo como regidor del municipio; posteriormente, revalidó el cargo en las elecciones de 2023.