El Pleno del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado la moción del PP en defensa de viviendas a precios asequibles. José Manuel Velasco subraya que los gobiernos tienen herramientas para hacer accesibles la vivienda. Advierte que aplicar ciertas normas de la izquierda subiría precios en ciertos barrios y perjudica a los demandantes. Requiere seriedad para que el Gobierno nacional piense antes de decidir medidas que perjudican el mercado. Repasa los incumplimientos en cuanto a viviendas prometidas. Aboga por un pacto de Estado. Recuerda que la EMV en 16 años del PSOE no ha construido un una.
Para el PSOE, Alicia Escalante opina que todas las políticas del PP se encaminan a la especulación. Dice que la vivienda se convierte en artículo de lujo y que se le ponen precios salvajes al alquiler. Defiende la ley nacional de vivienda y las políticas públicas, repasa los países donde se intervienen los precios de forma que no se tenga que dedicar más del 30% de la renta. Afirma que construir más no mejora el mercado.
Por Vox, Florentido Delgado dice que apoyan la moción porque no están de acuerdo con intervenir los precios en zonas que se declaran tensionadas, concepto impuesto por los nacionalistas. Acusa al PSOE de incumplir la Constitución en materia de vivienda. La solución a los precios altos será el POM para que haya suelo y con la EWV se construya.
Desde Izquierda Unida, José María Fernández no ve adecuado hablar de la Constitución en lugar de la oferta de pisos. Rapara los recursos de insconstitucionalidad que han presentado el PP. Recalca que hay una ley de vivienda e insta a cumplirla. Aboga por poner en el mercado las viviendas cerradas y vacías, por bonificar a los compradores de bajo poder adquisitivo y por topar los precios del alquiler.
La moción aprobada insta al Gobierno de España a retirar el índice de Precios de Alquileres publicado en el Boletín Oficial del Estado el 15 de marzo de 2024. Solicitar al Gobierno la elaboración de estudios independientes de impacto en el mercado de manera previa a la declaración de zonas tensionadas, para evaluar si la aplicación de la intervención de precios mediante índices como el publicado, tiene efectos positivos o negativos en la oferta de alquiler y en el acceso asequible a la vivienda. Instar al Gobierno de España a iniciar un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y las entidades locales para evaluar si la intervención de precios de alquiler produce los resultados esperables, teniendo en cuenta la realidad de los distintos territorios.