El consumo de tabaco es la primera causa de muerte prevenible en España y en el mundo. Está relacionado con 16 tipos de cáncer y, en nuestro país, provoca 63.000 muertes anuales, según la Sociedad Española de Epidemiología1. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud2 sitúa en más de 8 millones las defunciones que cada año a causa del tabaco. Con estas cifras, podemos considerar que el tabaco es el enemigo número uno para la salud pública, como el aspecto que mayor influencia tiene para el desarrollo de un cáncer y su correspondiente carga en vidas humanas y sufrimiento para los pacientes y su entorno personal, además de los recursos económicos y sanitarios que requiere su tratamiento.
Ante esta evidencia, no podemos esperar más a tomar medidas efectivas para proteger la salud de la población frente al tabaco, con especial énfasis en las personas menores de edad. Lo que implica reconocer nuevos derechos frente al tabaquismo y el humo pasivo, y proporcionar la ayuda necesaria a las personas fumadoras que quieran dejar de fumar.
En este contexto, la tramitación del Plan Integral de Prevención y Control de Tabaquismo, impulsado por el Ministerio de Sanidad y trasladado a las Comunidades Autónomas para su evaluación, representa una oportunidad histórica para construir el necesario consenso social y político ante la primera causa de muerte prevenible en el mundo. Y colocar a España en la vanguardia en la lucha contra el tabaquismo, con medidas que pongan coto a las nuevas formas del tabaco con las que su industria pretende reinventarse.
Porque nuevos dispositivos, como los vapers, se hacen pasar por menos nocivos e, incluso, como una opción para dejar de fumar. Pero son, en realidad, un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer o bien un elemento que fomenta el hábito de fumar. Y ante ellos, son especialmente sensibles los colectivos más jóvenes. Por este motivo, desde la Asociación Española Contra el Cáncer trabajamos con el objetivo de conseguir la primera generación europea libre de tabaco en el 2030.
Para ello, el consenso que reclamamos en torno al Plan Integral de Prevención y Control de Tabaquismo debería incluir necesariamente la reducción del acceso de los jóvenes al tabaco y a los vapers, la puerta de entrada al consumo de tabaco tradicional entre la población joven.
Así lo indican los datos de la última encuesta ESTUDES publicada por el Ministerio de Sanidad. Según el informe, uno de cada cuatro estudiantes de 12 y 13 años declara haber consumido alguna vez en su vida cigarrillos electrónicos (25,2%). Mientras que en los estudiantes de 14 a 18 años el porcentaje aumenta a 54,6%1. Es decir, más de la mitad de los estudiantes de 14 a 18 años consumieron cigarrillos electrónicos alguna vez en su vida, y 1 de cada 3 tabaco convencional (33,4%).
Además, como pusimos de manifiesto desde la Asociación Española Contra el Cáncer con el informe Influencers españoles y el impacto del humo digital en los jóvenes, 9 de cada 10 jóvenes están expuestos al humo digital, tabaco y nuevos dispositivos, en las redes sociales, evidenciándose una clara estrategia de la industria del tabaco para alcanzar y captar a nuevos consumidores entre la juventud.
Desde nuestra perspectiva, las medidas más eficaces deberían consistir en elevar el coste económico de fumar con el alza de impuestos sobre el tabaco, reducir el atractivo publicitario del tabaco y sus nuevas formas, y limitar la disponibilidad de estos productos para los más jóvenes. Sin olvidar la importancia de que las administraciones apuesten decididamente por ampliar los espacios libres de humo, sean del tipo que sean, en función de la realidad de cada territorio.
Si miramos hacia otros rincones de Europa, vemos que son diversos los estados que avanzan con medidas antitabaco, con medidas como empaquetados neutros, prohibiciones extensas de publicidad y altos impuestos sobre productos de tabaco. Todo ello, estrategias respaldadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Parlamento Europeo y que han probado ser eficaces a la hora de reducir el consumo de tabaco, especialmente entre jóvenes.
No cabe duda de que la lucha contra el tabaquismo es una tarea ardua, que demanda la colaboración entre los distintos actores que promovemos la salud. Pero es bueno recordar que cada medida adoptada, cada ley promulgada y cada campaña educativa desplegada tiene un impacto positivo directo en vidas humanas. Por ello, es indispensable unir esfuerzos para alcanzar un consenso que nos beneficie a todos. Porque toda persona debería tener el derecho de vivir en un entorno sin la presión social y la adicción asociadas al tabaco. Y es deber de todos hacerlo posible sabiendo las consecuencias nocivas que tiene este producto.