El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha remitido una carta al Ayuntamiento de Pelahustán, la Junta de Comunidades y la Diputación Provincial para aclarar la titularidad pública de la carretera que comunica Pelahustán con el límite con Madrid. Las administraciones públicas abandonaron el tramo de cinco kilómetros hace 40 años, y así sigue. Envejece con un puñado de señales, mojones de tráfico de entonces y con un asfalto reventado por el olvido e invadido por la vegetación.
La misiva enviada el pasado 19 de agosto detalla que la Diputación Provincial ha aceptado la sugerencia formulada por el Defensor del Pueblo, ex ministro de Educación y ex rector de la Universidad Autónoma de Madrid, para que coordine a las diferentes administraciones para determinar la titularidad de la carretera para asegurar la conservación y el mantenimiento del trazado que une Pelahustán con Cenicientos.
Las administraciones citadas por Gabilondo son Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Pelahustán, la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla-La Mancha y la propia Diputación.
El Defensor del Pueblo ha solicitado información adicional para que comunique a Gabilondo el acuerdo alcanzado más adelante por las administraciones. La misiva presiona también a Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Pelahustán para el envío de información sobre el asunto.
La queja de una vecina de Pelahustán activó la maquinaria del Defensor del Pueblo sobre esta carretera que ofrece también unas vistas extraordinarias. El extravío administrativo de la carretera puede tener una explicación, pero no una justificación. La Diputación de Madrid asumía el mantenimiento completo de la carretera entre Cenicientos y Pelahustán hasta el traspaso de las titularidades a las comunidades autónomas en el año 1984. «Se olvidaron de ese tramo», apuntaba en octubre a este diario el teniente de alcalde, Isabelo Herreros.
Ninguna administración reconoce como suyo ese tramo de cinco kilómetros en la provincia de Toledo, porque no consta tampoco en el inventario de la Junta de Comunidades ni en el de la Diputación Provincial. «Es surrealista. No existe. No es de nadie», reprochaba el año pasado Herreros. Pero los 350 vecinos de Pelahustán sí están pendientes de la maniobra del Defensor del Pueblo.