La explosión de protestas agrarias en toda la Unión Europea (UE) desde principios de año no se produjo por una causa en concreto, sino por una amalgama de problemas que están machacando al sector primario, esencial económicamente y para la soberanía alimentaria. El precio de los insumos o los seguros agrarios son algunos de los obstáculos que encuentran agricultores y ganaderos en su actividad, pero el grueso de las reivindicaciones están dirigidas a que los productores puedan poner en el mercado sus cosechas o sus animales con dignidad y precios razonables.

Y en este punto los alimentos que llegan de terceros países suponen un problema, sí, pero también los hay propios y endémicos sin salir de las fronteras españolas. Por un lado, los productos que se importan desde fuera de la UE no están sujetos a las estrictas normas de producción (fito y zoosanitarios, bienestar animal, condiciones laborales…) comunitarias, por lo que se exigen las ya famosas cláusulas espejo.

Pero por otro, a la hora de dar salida a sus producciones, los propios operadores comunitarios atenazan a agricultores y ganaderos mediante prácticas comerciales desleales (UTP, en inglés). La última modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria (de 2021) buscaba precisamente combatir esto, pero los objetivos no se están cumpliendo.

El problema viene de fuera, pero también está dentroY es que en la producción de alimentos, la fijación de precios y otras condiciones contractuales son una cuestión clave que puede verse gravemente afectada por estas UTP. Por ello, COPA y COGECA (agricultores, ganaderos y cooperativas europeos) ha acogido con satisfacción el informe de evaluación presentado por la Comisión Europea sobre la aplicación de una directiva de 2019 destinada a combatir estas prácticas comerciales.

El informe presentado por la Comisión Europea ofrece una actualización sobre la aplicación de esta directiva. En el lado positivo, el informe muestra que todos los Estados miembros de la UE ya han transpuesto y aplicado esta norma a la legislación nacional, con la designación de una o más autoridades competentes para recibir denuncias y garantizar el tratamiento confidencial de la información. En el caso de España esta autoridad es la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que está actualmente en proceso de convertirse en un organismo estatal para que funcione mejor (aunque lo que realmente necesita no es un nombre más largo, sino más medios).

A pesar de esta legislación, se siguen observando prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario, según los informes de la Comisión. Las más frecuentes son el retraso en los pagos de productos agrícolas y alimentarios perecederos y no perecederos (50% y 13%), los pagos no relacionados con una transacción específica (7%), los pagos solicitados al proveedor por acciones de marketing (7%), así como por almacenamiento, exposición y catalogación (7%).

Desde COPA y COGECA lamentan que, desgraciadamente, se sigue observando un porcentaje significativo del 63% de prácticas comerciales desleales llevadas a cabo por minoristas y mayoristas. El informe de la Comisión señalaba que alrededor del 41% de las prácticas desleales detectadas se habían detectado en el comercio minorista (47% en 2022), el 36% en la industria alimentaria (27% en 2022) y el 22% en el comercio mayorista (25% en 2022). En 2023 se abrieron alrededor de 1.500 investigaciones, de las cuales alrededor del 17% dieron lugar a la constatación de una infracción sancionada que se tradujo en unos 22 millones de euros recaudados en concepto de multas.

Aunque la Comisión admite que el conocimiento de la existencia de normas de la UE sigue siendo escaso (solo el 38% de los encuestados lo sabía), lo verdaderamente grave es que el 30% de los encuestados, incluso siendo conocedor de la legislación, no denuncia estas prácticas por miedo a ser excluido de la lista de proveedores o a sufrir otras formas de represalia por parte de los compradores. No se puede olvidar que, en el caso de los productos perecederos, esto es un serio problema. Por eso es necesario conceder el anonimato (y no solo la confidencialidad) a los agricultores que sufren estas prácticas injustas y abusivas, para que puedan quejarse eficazmente.

En reacción al documento de la Comisión, Christiane Lambert, presidenta del COPA, ha declarado: «Este informe es importante y muy oportuno. Demuestra que es esencial mejorar el mecanismo europeo de lucha contra las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria. Necesitamos revisar y actualizar la lista de prácticas comerciales desleales prohibidas e incluir entre ellas la venta por debajo del coste y la venta a pérdidas. También tenemos que ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva para incluir algunos productos no alimentarios, como las flores y las plantas ornamentales. Por eso, en el contexto de las elecciones europeas, pedimos a la Comisión que continúe su labor de evaluación en 2025 y proponga una UTP 2.0 en su próximo programa de trabajo. No olvidemos que detrás de la cuestión de los precios justos está la resiliencia de nuestro modelo agrícola, la renovación de las generaciones y la capacidad de invertir en las transiciones necesarias».

Ya hay «cláusulas».

Pero además de las prácticas comerciales fraudulentas, los productores deben competir con agricultores y ganaderos de terceros países que no están sujetos a las rigurosas normas comunitarias, lo cual permite a estos últimos poner sus cosechas en el mercado a precios menores. En ese sentido, el sector primario europeo clama por el establecimiento de las llamadas cláusulas espejo, que no son sino un compromiso para exigir que los alimentos que nos llegan de fuera de la UE hayan sido cultivados o criados en las mismas condiciones (químicos, bienestar animal, requisitos laborales) que se les impone a los agricultores y ganaderos que operan en la Unión Europea.

El portavoz de la Comisión Europea en el área de Comercio, Olof Gill, señala que esas cláusulas espejo se habrán de ser negociadas caso por caso en el marco de la cooperación bilateral con socios, en acuerdos comerciales y foros multilaterales. El Gobierno español espera que la UE apruebe estas condiciones en la próxima legislatura, si bien la iniciativa todavía no cuenta con el respaldo de la mayoría de los Estados miembros.

En el uso de pesticidas, la legislación europea armoniza los límites de residuos permitidos y fija un sistema de evaluación común para todos los productos agrícolas destinados a la alimentación, en conformidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), según el portavoz comunitario. Gill resalta que la UE está «comprometida con la transparencia continua» en el diseño e implementación de las medidas del Pacto Verde Europeo y colabora en la formulación de políticas con sus socios comerciales, con los que debate los niveles máximos de residuos en el Comité de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC.

En ese sentido, las normas europeas sobre el impuesto en frontera por carbono y contra la deforestación importada marcan el camino para avanzar en la negociación internacional de estas cláusulas espejo en el comercio agroalimentario con otros países, dado que tienen una función similar. Como precedentes recientes, la UE defiende la compatibilidad de su nuevo impuesto sobre las importaciones de carbono desde terceros países con las normas de la OMC, puesto que los importadores pagarán por la huella de carbono de sus productos «el mismo precio» que los productores de la UE, y está recopilando datos antes de empezar a cobrarlo en 2026.

El portavoz sostiene que la voluntad de «colaboración, transparencia y diálogo abierto» prima también en la implementación del reglamento europeo contra la deforestación, que gravará las importaciones de madera, aceite de palma o soja que contribuyan a la tala de bosques a partir del próximo diciembre. Es decir, hay que pagar para introducir productos producidos bajo estándares prohibidos en la UE, algo análogo a lo que pretende el sector primario comunitario.

La UE tiene el derecho de decidir unilateralmente su nivel de protección, incluso si hay estándares internacionales, y adoptar uno más estricto si cumple el requisito de evidencia científica o invoca el principio de precaución, explica el experto del laboratorio de ideas Bruegel Petros Mavroidis. Apunta que las «cláusulas espejo» deben cumplir el principio de la nación más favorecida, que en el lenguaje de la OMC significa tratar por igual a los socios comerciales y extender cualquier ventaja concedida a una parte a todo producto similar de las demás partes. Aunque falta ver cómo se aplicará el impuesto al carbono importado, Mavroidis señala que esta extensión del régimen de comercio de derechos de emisión de carbono de la UE es consistente con las reglas internacionales si todos los productos similares pagan la misma carga.

Un panel de la OMC ya ha analizado el régimen de deforestación de la UE y, en su fallo del pasado marzo, dio la razón a los Veintisiete en una disputa con Malasia, uno de los mayores productores de aceite de palma, por las restricciones comunitarias al uso de esta materia para biocombustibles por entender que se sustituyen bosques o tierras de cultivo de alimentos por plantaciones dedicadas a su producción.

Por su parte, COPA y COGECA resaltan que «a veces falta coherencia entre las políticas internas europeas y sus ambiciones y aquellas externas, sobre todo en comercio». No se trata de poner barreras proteccionistas, sino -por ejemplo- de que los pesticidas que se eliminan gradualmente en la UE no regresen al mercado.

Los agricultores europeos creen que el sistema de la OMC «no está funcionando bien» y ven «a menudo muy difícil» incorporar a los socios comerciales a las nuevas regulaciones europeas que impactan en sus exportaciones, como el reglamento sobre deforestación o el mecanismo de ajuste en frontera por carbono. Muchos de esos socios tienen interés en acceder al mercado europeo, de precios más altos, pero compiten con ventaja si no necesitan cumplir con las regulaciones comunitarias, que suelen ser más pesadas.

«A menudo el argumento es que nosotros tenemos la Política Agraria Común (PAC) y los subsidios, pero otros muchos países también tienen esquemas de apoyo, sin necesariamente los mismos requisitos de sostenibilidad para acceder a ellos», afirman las fuentes de COPA y COGECA. Estas organizaciones se muestra a favor de implementar acuerdos comerciales «verdes», inversiones en infraestructuras y transferencia de tecnología, más transparencia e intercambio de información, y un enfoque colaborativo.