El gremio de veterinarios lamenta los efectos que el contenido del real decreto 666/2023 generan sobre su actividad diaria. La disposición aborda la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos para animales y «limita mucho la libre elección de antibióticos» por los profesionales del sector, detalla Raquel San Segundo, presidenta de la Asociación de Veterinarios Especialistas en pequeños animales de Toledo (Aveto).

Los problemas que esta medida legislativa causan en el día a día de los veterinarios motivaron una inédita medida de protesta. El pasado lunes día 11, a las 11.00 horas, decenas de establecimientos de toda España, también de la provincia de Toledo, detuvieron su actividad como acto de protesta. El paro se prolongó durante una hora en la mayor parte de los casos; algunas clínicas y profesionales lo alargaron durante todo el día. Los próximos onces de cada mes continuarán las protestas.

El marco que entró en vigor hace casi dos años «elimina el criterio médico», relata San Segundo, y fía la prescripción de antibióticos a las pautas fijadas por el Ministerio de Agricultura. La intención de la norma es evitar la resistencia que genera la toma abusiva de estos medicamentos. Los profesionales, sin embargo, reclaman el conocimiento adquirido en la práctica profesional como la mejor guía para recetar remedios.

La representante de Aveto ahonda en las complicaciones que el dueño de una mascota enferma puede encontrar. Como ejemplo, cita un hipotético caso en el que la prescripción primera, la que determina el decreto sin apenas margen de elección, genere «una demora de dos días» por hallarse la farmacia sin existencias de una medicina que la clínica veterinaria ya no puede proveer. Esta primera barrera puede desencadenar un desenlace indeseado. «A lo mejor no llegamos, en gatos es un periodo muy crítico». La segunda etapa tiene que ver con la Administración que «fija»un producto que el profesional sabe que no va a resultar. El fracaso implica posteriores pruebas, como citologías, y abre la puerta a un nuevo nivel de elección del que el animal se beneficiará en un plazo que se mueve «de una semana a un mes».

La secuencia dispara los gastos que afrontan los propietarios de mascotas. Además, la toma de un primer antibiótico que no siempre funciona contraviene el espíritu de una ley que trata de prevenir la resistencia a estos fármacos.

San Segundo, también responsable de la clínica veterinaria El Quiñón, en Seseña, incluye entre las quejas del colectivo la enorme carga burocrática que soportan en el momento del registro telemático relativo a los antibióticos. «Es una cantidad de tiempo brutal», dice sobre los trámites que cada negocio de este tipo afronta. La presión por cumplimentar estos trámites de forma adecuada aumenta por la escasez de los plazos, «menos de quince días», y por la amenaza de una multa que puede dispararse hasta «el millón de euros», relata.

La conjunción de ambos factores supone una «carga muy grande» para las empresas veterinarias. Además, los sobrecostes que el decreto han generado suponen «otra carga económica para el cliente», denuncian desde Aveto.

Además de las cuestiones derivadas de una regulación que no comparten, los veterinarios afean la pervivencia de un IVA al 21%, «la única profesión sanitaria» cuyos servicios tributan en tal escalón.