El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado un viaje por Mauritania, Senegal y Gambia, países de los que salen los grandes cayucos cargados hasta los topes de migrantes que tratan de llegar a las Islas Canarias y poner un pie en Europa. La ruta es la más peligrosa de las que pueden seguir los migrantes y de hecho se estima que han fallecido unos seis mil de ellos en la fosa atlántica. Las llegadas hasta ahora este año son de unos 25.000. 

La gira de Sánchez no es la primera que realiza un mandatario español a esos países y se salda siempre de la misma manera, el Gobierno español pone dinero encima de la mesa para que traten de evitar las salidas de los cayucos, ofrece asistencia militar y policial para combatir a las mafias y programas de migración circular para que sus ciudadanos vengan a España y vuelvan una vez concluido el contrato de trabajo que les trajo a nuestras tierras. 

La consecuencia de esas visitas es que, en efecto, durante un tiempo, las autoridades locales se empeñan en frenar las salidas de cayucos y al cabo de un tiempo el problema vuelve a reproducirse porque la presión demográfica y el empeoramiento de las condiciones sociales, o la presión migratoria que ellos mismos sufren por las guerras o el terrorismo en los países circundantes -Malí, Burkina Faso…-les llevan a facilitar su salida. Por no señalar su situación interna y la evaporación de los fondos destinados a cooperación en algunos casos. O lo ridículo de las ayudas para resolver una situación de pobreza endémica, que empuja a los más jóvenes a jugarse la vida. 

Que España necesita una política migratoria integral que trate de resolver o paliar los problemas que genera la llegada de migrantes en aluvión es incuestionable, de la misma forma que no será posible mientras uno de los grandes partidos mantenga posiciones cercanas a las de los partidos de ultraderecha que les echan el aliento en el cogote. Y aún así, no le falta razón al PP cuando exige que sea el Gobierno central el que corra con la mayor parte de los gastos que supone el reparto por las distintas comunidades autónomas de los migrantes que se hacinan en las Canarias o Ceuta, porque tienen sus instalaciones al borde de la saturación. 

Pero afirmar que las comunidades autónomas del PP no aceptarán  migrantes que hayan llegado a España por la intervención de las mafias del tráfico de personas, como si fuera posible llegar de otra manera, revela un alto grado de cinismo. Eso  es lo que tratará de conseguir Pedro Sánchez, y los resultados se verán al cabo de un tiempo como ocurre siempre que se externaliza el control de las fronteras. Y si fueron incapaces de ponerse a de acuerdo en el reparto de lo menos, los menores no acompañados que se encuentran en Canarias, más difícil será que acuerdan el reparto de lo más, cuándo el PP ha hecho de la migración uno de los ejes de su labor de oposición, a pesar de que el problema migratorio no se encuentra entre los que más afectan a los ciudadanos, ni en general, ni personalmente, según el CIS.