El delegado del Gobierno en la región, Jesús Labrador, afirmó ayer durante la clausura de la Jornada sobre Seguridad Vial Laboral de Solimat, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que los accidentes de tráfico «constituyen un problema social», por lo que a su juicio, su solución «requiere de la participación y la implicación de todos, Gobierno, administración, agentes de tráfico, medios de comunicación, profesores, usuarios y empresarios». «La misión de un político es definir las prioridades, que es lo que está haciendo el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y también desde el Ministerio del Interior, que están trabajando de manera ejemplar, articulando y coordinando a la administración, los ciudadanos y a las empresas para que la movilidad sea lo más segura y lo más sostenible posible».
Asimismo, el delegado del Gobierno reiteró que el Ejecutivo central «es consciente de que la seguridad vial relacionada con el trabajo es un reto que exige el compromiso de todos los actores involucrados» y de ahí que considerara «imprescindible seguir desarrollando programas conjuntos de formación específica en conducción segura y ecológica y planes de movilidad». Y es que, como apuntó el delegado, los accidentes de tráfico relacionados con el trabajo se sitúan entre la primera y la tercera causa de muerte entre la población que está en edad de trabajar tanto en España como a nivel mundial y, por tanto, «erradicar esta siniestralidad sería el factor que más contribuiría a mejorar la esperanza de vida».
Labrador recordó que el pasado 19 de abril, el Consejo de Ministros aprobó operaciones de explotación y conservación de carreteras en la provincia de Toledo por valor de 30,2 millones de euros para, de este modo, «garantizar la seguridad». A su juicio, además de esta medida «es necesario que se fomente» la cultura de la seguridad vial con los planes de formación de las empresas e implicar a los trabajadores y empresarios «en las políticas de seguridad vial».
Formación, cultura de seguridad vial a las empresas, conservación de carreteras y planes de movilidad son factores que Labrador consideró «imprescindibles». Sin embargo, también destacó la labor que están desarrollando en Castilla-La Mancha los 894 miembros de la Guardia Civil, que durante este primer trimestre han realizado más de 15.400 servicios con más de tres millones kilómetros de enero a marzo. También aludió a cómo la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha este año la Unidad de Coordinación en materia de Víctimas de Accidentes de Tráfico para configurar una red integral de información y asesoramiento a las víctimas, en los ámbitos de su vida en los que puedan verse afectados. Un servicio que además realiza acciones de concienciación y difusión con todos los profesionales implicados como el poder judicial, cuerpos de policía y guardia civil, colegios de abogados y psicólogos, personal sanitario y asociaciones.
De igual modo, destacó el trabajo de las mutuas porque «están contribuyendo de forma decisiva a mantener la sanidad y el bienestar social de los ciudadanos». En este sentido, puso de manifiesto su apuesta por que la prestación de servicios «también en estos ámbitos se realice por otros agentes con las debidas garantías». «Quiero romper una lanza por aquellos ámbitos de actuación que crean empleo y mejoran este bienestar social sin poner vendas a priori sin cercernar la capacidad que tiene la iniciativa privada para prestar servicios».