El Informe sobre Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica localiza un total de diez abusos en ámbito de la Archidiócesis de Toledo, de los que nueve se han dado en la provincia y otro más en Guadalupe. De ellos, la propia Iglesia ha comunicado cinco. Por su parte Unidad de Atención a las Víctimas de la Oficina del Defensor ha comunicado dos y ha sacado otras seis de los cuatro dosieres entregados por el periódico El País, por lo que algunas agresiones han llegado por distintas fuentes.

Así, los cinco abusos denunciados por la propia Iglesia se han dado en el Instituto Blas Piñar, el instituto San Isidro en Talavera de la Reina, la también toledana parroquia de San Ildefonso, el Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva y durante un viaje a una visita papal a Roma.

Los Archivos de El País aportan por su parte cinco denuncias de abusos presuntamente producidos en el colegio Marista de Santa María de la capital, el colegio Marista Santa María del Prado de Talavera de la Reina, el instituto Blas Piñar (también recogido por la Iglesia), Seminario Mayor San Ildefonso y la también recogida por la Iglesia del viaje a la visita papal a Roma. A todos ellos hay que unir otro abuso en Guadalupe, localidad extremeña que sigue perteneciendo a la Archidiócesis Primada.

Finalmente, hay dos denuncias en la Oficina del Defensor del Pueblo procedentes de la parroquia de Consuegra y la denuncia del Seminario Mayor también recogida por El País.

Datos de la Iglesia. El Defensor del Pueblo elaboró el Informe sobre Abusos Sexuales en el Ámbito de la Iglesia Católica y el Papel de los Poderes Públicos por encargo del Congreso de los Diputados. La oficina de Ángel Gabilondo entregaba este documento de 779 páginas a finales del pasado año el Congreso y lo publicaba en su página web. Recoge casos desde la década de los cincuenta a la actualidad.

Más allá de los abusos detectados por otras fuentes, como las denuncias directas a la Oficina o los dosieres de El País, buena parte del informe se elabora gracias a los datos aportados por la propia Iglesia a través de las diferentes diócesis o archidiócesis. Según los mismos, desde la década de los cincuenta, la Iglesia ha detectado 354 abusos, de los que confirmó un total de 318. De todos ellos la Archidiócesis de Toledo ha comunicado un total de cinco casos, los cinco confirmados más tarde. En lo que respecta al resto de la región, Albacete no presentó ninguno, Ciudad Real dos, Cuenca nada menos que diez y Sigüenza (Guadalajara) tres.

Dos de estas agresiones reconocidas por la Iglesia toledana se desarrollaron entre 1960 y 1979, mientras que las otras tres se desarrollaron entre 2000 y 2023. Las víctimas, todas ellas menores de edad, fueron tres niños (dato mínimo, dado que no se ha confirmado la cifra) y dos niñas. El resultado fue tres procedimientos civiles, incluida la investigación de la Fiscalía, y tres procedimientos más canónicos, incluida la investigación previa. Los cinco agresores de la provincia fueron tres sacerdotes, un religioso no clérigo y un laico.

El informe de Ángel Gabilondo hace constar al hablar de las respuestas de las distintas diócesis que la Archidiócesis de Toledo afirma en su segunda contestación, a diferencia de otras, que sí se han revisado los archivos diocesanos existentes, pero no llega a especificar si incluyen en ese conjunto al 'archivo secreto'. En cuanto a la calidad de los datos, Toledo aportaron información completa sobre  sobre agresores, víctimas, abusos, lugar y tiempo, detallando especialmente la intervención.

Hace constar finalmente que la Archidiócesis cuenta con una oficina de recepción de denuncias y atención a víctimas de abuso sexual desde el 7 de abril de 2020.

El informe recoge los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica que fueron comunicados al Defensor del Pueblo durante el periodo de recogida de información y elaboración del informe, es decir, entre el 1 de julio de 2022 y el 9 de octubre de 2023. El listado incluye todos los casos reportados, sin descartar ninguna alegación, siendo indiferente si estaban comunicados o no a la justicia civil o canónica, o si estaban prescritos, archivados o resueltos.