J. Monroy | TOLEDO
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Un halo de abandono, secretismo y olvido parece envolver la obra del que tenía que ser Quixote CREA. El abandono es evidente; el secretismo lo denuncian los vecinos, que una y otra vez reclaman información sobre lo que hasta ahora ha costado el proyecto; y el olvido viene de la mano del patrimonio. Porque han pasado cuatro años desde que los arqueólogos de la ciudad pidieran explicaciones y medidas por la destrucción de al menos 194 tumbas medievales, y de momento nadie, ni las autoridades políticas y culturales, ni el Seprona, les han dado respuesta.
La parcela del Quixote CREA estaba repleta de enterramientos de distintas épocas. Los arqueólogos siempre reconocieron, recuerda hoy Carlos Barrio, que Gicamán hizo muchas excavaciones en el entorno. Pero le quedó una parte por hacer, la de la parte inicial de la necrópolis, «que habría sido primordial». Sería por las prisas de la empresa o por otra cuestión, el hecho es que tras documentar la presencia de al menos mil cuatrocientas tumbas de diversa tipología, sobre todo islámicas y mudéjares, al final la obra continuó sin tener en cuenta los enterramientos más antiguos. Entonces los arqueólogos pidieron explicaciones y responsabilidades a la Junta, responsable en Patrimonio y promotora de la obra. Recordaron que la destrucción de restos arqueológicos es, además de un delito contra la legislación en materia de patrimonio, un delito penal. Barrio recuerda que en aquel momento, «los arqueólogos hicimos lo que pudimos», dando la noticia a nivel local y nacional, pero «ahí quedó la cosa». Nadie les ha dado respuesta alguna.
Sin control arqueológico. La denuncia pública presentada por Barrio en 2011 recogía que tras aquella primera excavación de mil cuatrocientas tumbas, en agosto de 2010 Gicamán solicitó presupuestos a distintos arqueólogos para que continuaran la labor excavación y documentación de la necrópolis. Según el informe arqueológico, quedaban al menos 194 tumbas por excavar. Sin embargo, «el hecho de que no haya un equipo de arqueólogos trabajando en el solar no impide a la constructora continuar su labor». De esta forma, este diario informó el 20 de agosto de la localización de un proyectil de la Guerra Civil en la obra. Según Barrio, de entrada, la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura debería haber solicitado la paralización de la obra hasta la nueva incorporación de un equipo encargado de la excavación de las tumbas pendientes y del control arqueológico de la obra. Pero la Consejería no emitió resolución alguna. Es en ese momento donde sospechan los arqueólogos que se produjo la destrucción de las 194 tumbas.
Entre tanto, el 6 de septiembre de 2010 se produce el acto de colocación de la primera piedra. El 17 de septiembre de 2010, Barrio presentó en la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura un primer escrito en el que se denunciaba la situación y se solicitaba que se tomen medidas contra los responsables. No tuvo ninguna respuesta, por lo que el 10 de noviembre reiteró la denuncia a la atención de la consejera de Cultura. Tampoco se obtuvo respuesta. A partir de ahí, varios arqueólogos profesionales de la ciudad o provincia presentaron una denuncia colectiva el 14 de enero de 2011. Firmaron la denuncia 22 arqueólogos profesionales, quienes solicitaban «que se tomen las medidas necesarias para que se limiten las responsabilidades que por acción o por omisión han derivado en la destrucción de al menos 194 tumbas medievales en la parcela U-2 del Peri de San Lázaro». Recordaban que «los enterramientos han sido destruidos pese a existir una resolución del 3 de agosto de 2010 en la que de manera inequívoca se establecía la necesidad de continuar con las excavaciones arqueológicas de una parte del solar».
Tampoco hubo respuesta inicialmente, y sólo cuando este diario se hizo eco de lo ocurrido el 18 de enero de 2011, se produjo una reacción desde la administración. El director general de Patrimonio, Luis Martínez García, admitió que se ha producido la destrucción de esas 194 tumbas, aunque lo achacó a una «mala práctica en la extracción arqueológica». Con el objetivo de que la empresa repare el daño causado se le han solicitado medidas compensatorias, el estudio antropológico del diez por ciento de los huesos.
Los arqueólogos reaccionaron, y pidieron las resoluciones de Cultura, le recordaron que durante el cambio de arqueólogos debería haber decretado la paralización de la obra y le preguntan por qué no denunció ante el Seprona la destrucción de los restos. En nota de prensa advirtieron que las medidas correctoras no eximen de la apertura de un procedimiento sancionador. La legislación sobre patrimonio recoge las sanciones a los responsables, independientemente de su presunta responsabilidad penal. A su juicio, «la sola propuesta de medidas compensatorias es insuficiente dada la gravedad del caso», el estudio de los huesos se debería ampliar a la totalidad de los restos.
Para evitar que los hechos se reproduzcan, los arqueólogos exigieron a Patrimonio la apertura del correspondiente expediente sancionador y que se informe al Seprona, por si fuera procedente la apertura de diligencias penales. Desde aquel día, Cultura no les dio respuesta, no les ha enviado la información, ni abierto expediente sancionador alguno.