Cuando esto escribo, el desconcierto más absoluto reina sobre lo que pueda ser la sesión de investidura de este jueves en el Parlament catalán para convertir al socialista Salvador Illa en el nuevo president de la Generalitat. No insistiré, por tanto, en el surrealismo que estamos viviendo, entre enormes contradicciones políticas básicas, aderezadas además con la rocambolesca probable entrada ilegal del fugado Puigdemont, que supongo que lo estará pasando en grande con el circo que está protagonizando.

Para mí, que pienso que sería bueno que Illa llegue a la presidencia de la Generalitat porque es mejor que cualquiera de sus antecesores, Tarradellas excluido, lo importante no es comprobar que Puigdemont vaya a ser detenido, retenido o ignorado. El personaje se ha convertido en prácticamente anecdótico, la crónica anticipada de una muerte política. Patético.

Lo verdaderamente importante, creo, es que el pacto entre el PSC y Esquerra Republicana de Catalunya, que está en la base del acuerdo para investir a Illa en el Parlament, nunca se podrá implementar, al menos en la forma en la que se ha redactado: no es que viole varios artículos de la Constitución, comenzando por el 2 y el 9 y terminando con la disposición adicional primera, sino que todo su espíritu es inconstitucional, por violar algo tan básico como la igualdad de todos los españoles ante la ley en lo político, en lo económico, en lo social... y en lo territorial (Título VIII, artículo 138.2, entre otros).

No quiero entrar en tecnicismos, que escucharemos de labios más competentes que los míos, prolijamente, en la enorme polémica jurídica, judicial y, claro, política, que se avecina. Simplemente, tras tratar de estudiar algo a fondo un acuerdo que desde el partido gobernante no se ha explicado suficientemente aún, como tampoco ha sido analizado por la oposición del PP con el detalle que debería, creo sobradamente probado que el conjunto del texto, desde el comienzo hasta el final, tiene un aroma contrario a nuestras leyes fundamentales que me parece que ningún Tribunal Constitucional podría desmentir.

Claro, no es difícil pronosticar la batalla interna en el alto Tribunal, que se juega en este envite el desprestigio total al que lo han ido poco a poco abocando. Puede convertirse en una batalla a muerte. No creo que un jurista tan preparado como su presidente, Cándido Conde Pumpido, pudiese afrontar sin quebrarse el inmenso escándalo que supondría declarar conforme con la Constitución algo que, como este pacto PSC/ERC, obviamente no lo es. Como, me parece, bien saben en su fuero interno tanto los partidos firmantes como incluso algunos de los socios del Gobierno. Y véase, si no, lo que está ocurriendo en el interior de Sumar.

¿Por qué, entonces, ha llegado el Gobierno central a suscribir un acuerdo que aún nadie , ni en el Gobierno ni en el propio PSOE, se ha atrevido a calificar como plenamente legal? Y, en otro orden de cosas, ¿Cómo se explica que ERC haya dado su 'sí' a la investidura de Illa cuando es de suponer que, aun en su desbarajuste interno actual, los dirigentes republicanos, si es que los hay, no pueden desconocer la práctica imposibilidad de que el pacto sortee las vallas del Congreso, el Senado, los tribunales varios, los medios de comunicación, incluso tal vez las instancias europeas y la calle? Todo ha sido postureo, un deseo de ,mostrar a los suyos que han arrancado al Estado que este acepte abrirse en canal. Y no.

El deseo de investir a Illa supone, a mi juicio, otras cosas: la razonable necesidad de normalizar en lo posible la situación en Cataluña, que es siempre un barril de pólvora al que alguien tan esotérico como Puigdemont podría en cualquier momento aplicar una cerilla encendida, volando todos, él el primero, por los aires. Vamos a ver qué hace Junts cuando todo se haya perdido para ellos, pero no estoy seguro de que adopte una posición de hostilidad total en el Congreso de los Diputados contra todo lo que el actual enemigo y antes aliado Pedro Sánchez representa. Ahora, tras tratar de destruirlo todo, debería tocar construir.

En cuanto a Esquerra, este partido vive en la máxima anormalidad, sin dirigentes, con unas expectativas electorales pésimas. Y ya ha perdido, como lo muestran el inminente regreso a Suiza de Marta Rovira, la dimisión de Pere Aragonés o el apartamiento de Junqueras, hasta la vieja ilusión independentista. Por no hablar de la ya inservible pegatina izquierdista. Este histórico partido tiene forzosamente que repensarse: se han acabado su credibilidad y su 'temibilitá' como formación política.

Por otro lado, Illa ha logrado importantes victorias electorales y su talante prudente podría hacer concebir esperanzas, quizá, en que encarnase temporalmente aquel espíritu de la 'conllevanza' que predicaba Ortega y Gasset, ya que no concebía solución definitiva para el llamado 'problema catalán'. Comprendo que el talante de Illa, un hombre triste y taciturno, que no supo vender su aceptable gestión al frente del Ministerio de Sanidad en los momentos más difíciles, no provoque grandes ilusiones. Por no mencionar, claro, las suspicacias y criticas que suscita su jefe político, el inquilino de La Moncloa.

Pero me temo que Illa es el único al que ahora se puede dar un voto de confianza, con todos los reparos y precauciones que se quiera. Y el famoso pacto con Esquerra, a la papelera del papel mojado, inservible. O sea, lo mismo que Puigdemont.