Juzgados por 'cocinar' cocaína en Illescas

EP
-

El próximo miércoles, 25 de septiembre, dictaminarán a un total de cinco varones por un delito contra la salud pública

Fachada de la Audencia Provincial de Toledo - Foto: La Tribuna

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo va a juzgar el próximo miércoles, 25 de septiembre, a un total de cinco varones, por un delito contra la salud pública, después de que estos, alguno de ellos reincidentes, estuviesen implicados en un laboratorio que cocinaba cocaína en Illescas en 2016.

J.P.E.R., que ya había sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid como autor penalmente responsable de un delito contra la salud pública por pertenencia a organización criminal a la pena de 6 años de prisión, había iniciado conversaciones con el también acusado A.A.D., con la finalidad de proceder conjuntamente a la elaboración de una cantidad no determinada de cocaína mediante su "cocinado" en las instalaciones de las que disponía el segundo acusado en el inmueble sito en Illescas, relaciones que se intensificaron especialmente a partir del mes de marzo de 2016 y hasta la fecha de su detención en abril de 2016.

Amparada en la correspondiente resolución judicial se procedió a la práctica de diligencia de entrada y registro en el inmueble encontrándose en el mismo un laboratorio perfectamente preparado y dispuesto para la elaboración y manipulación de la cocaína.

De igual forma se procedió a la práctica de diligencia de entrada y registro en el domicilio del acusado A.A.D., con ocasión de la cual fueron intervenidos una bolsita con 44,6 gramos de cocaína con una riqueza del 87% así como 1.610 euros, procedentes de las operaciones de intermediación en la compra venta de cocaína.

Los acusados fueron detenidos el 7 de abril de 2016, acordándose su reducción a prisión provisional comunicada y sin fianza, situación en la que permanecieron hasta su puesta en libertad con fianza.

La Fiscalía considera que no concurren en los acusados A.A.D., J.L.F.A., M.A.P.O. y D.J.M. circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Concurre en el acusado J.P.E.R. la circunstancia agravante de reincidencia prevista en el ordinal octavo del artículo 22 del Código Penal. De ahí que procede imponer a A.A.D., 5 años y 3 meses de prisión con accesoria inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa del triple del valor de la sustancia intervenida conforme a lo que resulte del otro si primero, así como las costas procesales.

Mientras, para los acusados J.L.F.A. y D.J.M., pide 3 años y 9 meses de prisión, con accesoria inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena , y multa del doble del valor de la sustancia intervenida conforme a lo que resulte del otro si primero --con responsabilidad personal subsidiaria de dos meses de privación de libertad en caso de impago--.

Para M.A.P.O., reclama 3 años y 3 meses de prisión con accesoria inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa del valor de la sustancia intervenida conforme a lo que resulte del otro si primero --con responsabilidad personal subsidiaria de un mes de privación de libertad en caso de impago--, costas procesales. Por último, para J.P.E.R. pide cuatro años y nueve meses de prisión, con accesoria inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa del doble del valor de la sustancia intervenida conforme a lo que resulte del otro si primero --con responsabilidad personal subsidiaria de tres meses de privación de libertad en caso de impago --.

Conforme a lo previsto en el artículo 89.1 el Código Penal, procede el cumplimiento de las 2/3 partes de la pena de prisión impuesta, procediéndose a continuación, o bien una vez que el penado hubiera sido clasificado en tercer grado o acceder a la libertad condicional a la sustitución del resto de la pena por su expulsión del territorio nacional por un período de 5 años con prohibición expresa de regresar a España durante dicho periodo.