Los asuntos judiciales crecen un 8,2% en el tercer trimestre

Á. de la Paz
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Hay casi 70.000 casos pendientes en la provincia. En los nueve primeros meses del año recién finalizado se incoaron unos 60.000 hechos, lo que augura un dato superior al de 2022

Edificio de los juzgados de Toledo situados en la calle Marqués de Mendigorría. - Foto: Yolanda Lancha

Los juzgados de la provincia de Toledo ingresaron 21.397 asuntos durante el tercer trimestre de 2023, una cifra que aumenta en un 6,2% la carga de litigios iniciados durante los tres meses anteriores. La carga de causas pendientes de valorar en las sedes judiciales toledanas se eleva hasta las 69.559, una cantidad que supone un repunte del 8,2% respecto al dato acumulado a 30 de junio. Se entiende por asunto cualquier procedimiento recibido en un órgano judicial, sin menoscabo de que el juzgado en el que recaiga haya practicado alguna actuación sobre el mismo o se encuentre pendiente.

Las cortes repartidas en los siete partidos judiciales de la provincia han recibido una media diaria de 232 asuntos durante los meses de julio, agosto y septiembre. Los tribunales toledanos acumulaban el 30 de septiembre casi 70.000 casos, lo que dispara la ratio hasta los 94,5 litigios pendientes por cada millar de residentes.

Los datos que aporta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confirman el incremento de la actividad en las sedes de la provincia. En los nueve primeros meses del año se han incoado 59.839 casos en el territorio toledano; el dato parcial prevé que en el conjunto de 2023 se superen los 75.077 asuntos recabados a lo largo del penúltimo 2022.

Los juzgados de primera instancia e instrucción son los que más procedimientos acumulan tanto en la jurisdicción civil como en la penal. En el caso de las sedes de lo civil su carga se eleva hasta los 1.328 asuntos por tribunal, muy por encima de los 800 que el CGPJ considera la carga más elevada que se debe soportar. Otro dato especialmente preocupante hace referencia a la situación de los juzgados de la violencia contra la mujer: en estos órganos se acumulan 570 asuntos en el ámbito civil y 1.064 en el penal.

Durante el último trimestre del que existen datos se han ingresado 11.199 asuntos en los juzgados de lo civil, 8.546 en los de lo penal, 329 en los de lo contencioso-administrativo y 1.323 en los de lo social.

Las sentencias firmadas en el conjunto de la provincia ascendieron a 3.372 en el periodo comprendido entre julio y septiembre. Sin embargo, durante el segundo trimestre del año, se emitieron 3.494 fallos, una cifra algo superior. Además, en el último lapso analizado se han dictado 8.516 autos y 3.366 decretos, cifras ambas algo más bajas que las del trimestre precedente.

La provincia acumula el mayor volumen de litigiosidad en el conjunto de la región. Durante el tercer trimestre, los juzgados de Castilla-La Mancha recibieron un total de 60.279 asuntos, de los que el 35,5% correspondieron a Toledo, una proporción pareja al peso demográfico de los toledanos en el ámbito de la comunidad autónoma.

SOBRECARGA EN ILLESCAS. La capital de La Sagra y cabeza de partido judicial tiene a 30 de septiembre 22.954 casos pendientes. En los juzgados de la tercera ciudad de la provincia según el número de habitantes se acumulan más litigios que los que aguardan en los de Toledo (10.731 casos) y Talavera (7.094 casos), más incluso que la suma de ambos territorios.

Entre julio y septiembre, las sedes judiciales de la ciudad más importante del norte de la provincia recibieron 4.167 procedimientos, una cifra similar a la de Toledo (4.107) y no muy alejada de la de Talavera (2.873). Sin embargo, el atasco de causas pendientes provoca la distorsión en el número de asuntos en trámite al final del periodo. Las cifras parciales de Illescas son, en cualquier caso, muy superiores a la de otros partidos más pequeños como Ocaña (1.227) o Quintanar (984).

La congestión que sufren los juzgados de Illescas es un problema que parece cronificarse. El aumento de la población en los municipios adscritos a este partido, con un volumen próximo a las 180.000 personas, además de una intensa actividad económica, dificultan la prestación del servicio de justicia.