Los secretarios judiciales también han querido sacar a la luz sus reivindicaciones sobre la situación que atraviesa la administración de Justicia, los planes del Gobierno para aplicar una reforma en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ),  y las condiciones laborales a las que se enfrentan a diario en los juzgados dada la escasez de plantilla y de medios. Estos profesionales del partido judicial de Toledo, que celebraron una junta el pasado viernes, mantienen «un rechazo absoluto» al anteproyecto de la LOPJ «en lo que se refiere a condiciones laborales y calidad del servicio que presta el cuerpo superior jurídico de secretarios judiciales».  

En este sentido, los afectados piden al Ministerio de Justicia que se acuerde un cuadro de enfermedades profesionales, reivindicación que también comparten los jueces y fiscales, se determine el control de las bajas médicas y «la formación de los interinos antes de su incorporación a cualquier orden jurisdiccional». Además, los secretarios judiciales manifiestan su oposición a la posibilidad de que Justicia deje de nombrar sustitutos en bajas de larga duración, sobre todo, «por la imposibilidad de llevar dos juzgados a la vez por la enorme responsabilidad y carga de trabajo». Y dejan claro que el refuerzo en las plantillas debe acompañarse también de secretarios judiciales.

Estos profesionales se suman, en cierto modo, a la esencia de las protestas emprendidas por jueces y fiscales, aunque en los puntos acordados de la junta del viernes no figura que los secretarios judiciales se vayan a plantar para cumplir con la jornada de 37,5 horas. En cambio, reivindican «que el sueldo se ajuste al de los funcionarios de grupo A». Los secretarios judiciales no se sienten bien remunerados y recuerdan que son los que menos cobran a pesar de pertenecer «a uno de los cuerpos al servicio del Estado con mayores retribuciones de responsabilidad».

Además, mantienen la necesidad de ajustar el sueldo, sobre todo, a raíz «de la entrada en vigor de la ley 13/2009 con la atribución de mayores competencias».

Respecto a los días de permiso por asuntos particulares, consideran que se establece un agravio comparativo con los de los jueces, puesto que el Ministerio de Justicia plantea recortar dos tercios de estos días, con lo que estos profesionales sólo disfrutarían de tres de los nueve permisos existentes hasta ahora, mientras que a los jueces sólo se les suprimirá una tercera parte. No obstante, opinan que «tan importante el dictado de la sentencia por el juez como la ejecución de la misma, función asignada al secretario judicial».

Por último, este cuerpo judicial critica la congelación de las oposiciones, ya que contribuye a agravar la problemática de la administración de Justicia por la escasez de personal. Una situación que «irá en detrimento del buen funcionamiento de la misma», apuntan.

De momento, habrá que esperar unos días para conocer el nuevo texto reformado de la LOPJ que se está redactando tras una toma de contacto con los cuerpos de la administración de Justicia para comprobar si se incluyen cambios que ayuden a mejorar la situación.