La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha homenajeó el inminente aniversario de la Constitución de 1978 con una conferencia que protagonizaron la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La ponencia, prologada por Milagros Tolón y moderada por el periodista y escritor Enrique Sánchez Lubián, analizó la función de los órganos constitucionales y exploró las posibilidades de reforma de la norma fundamental.
Calvo reclama «un diálogo» intergeneracional que garantice el vigor de la Carta Magna entre las cohortes más jóvenes. La propuesta de quien fuera vicepresidenta del Gobierno abunda en la necesidad de actualizar para «los próximos 50 años» un marco que se aproxima a su medio siglo de vida. Además, la catedrática de Derecho Constitucional señala diferentes aspectos susceptibles de revisión, entre otros, los relativos a la organización territorial o la sucesión en la jefatura del Estado. La petición de Calvo apuesta por la inclusión de los nombres de las diferentes comunidades y ciudades autónomas, además de la mención a la Unión Europea y sus diferentes instituciones. «Reflejan la realidad de lo que somos y a lo que pertenecemos», subraya. Ambas propuestas son compartidas por García, quien plantea «una referencia a ellas».
Además, Calvo plantea la transformación de algunos derechos ordinarios en fundamentales, una idea que el fiscal general concreta en el derecho al medio ambiente. Además, la responsable del Consejo de Estado lamenta el lenguaje «masculino muy cerrado» que caracteriza la redacción de la Carta Magna y exige una mera revisión que lo cambie sin que tenga que concurrir el siempre complejo procedimiento de la reforma.
Sobre el cometido constitucional de la Fiscalía General del Estado, su titular recuerda su condición de órgano separado tanto del Poder Judical como del Ejecutivo, aunque destaca la presencia de «algún lazo» con el Gobierno. Más allá del modelo, próximo a los de la Europa continental y alejado de los habituales en los países anglosajones, García Ortiz define la «interpretación del interés social y la encomienda de los derechos de los ciudadanos» como el principio rector de la institución. «La legitimación de ser elegido por la representación popular es suficiente para esa figura tan complicada», apunta. La alusión vindica su propio ascenso al cargo. «A mí me nombra el Gobierno de la nación legítimamente», añade.
SIN DECLARACIONES. El fiscal general del Estado decidió no responder a las preguntas formuladas por los medios de comunicación respecto a su situación procesal y evitó, tanto a la entrada como a la salida del acto, cualquier comentario respecto a la supuesta revelación de secretos sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Supremo abrió causa en octubre.