Asaja afea un acuerdo «desleal» que implica menores garantías

Á. de la Paz
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La organización agraria protestará el próximo día 17 ante la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha. La entente con Sudamérica «es incompatible con el pacto verde europeo», asegura Corroto

La presidenta de Asaja Toledo anuncia movilizaciones contra el acuerdo con Mercosur. - Foto: David Pérez

El principio de acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur para la eliminación de arenceles disgusta al sector primario español. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) cuestiona una medida impulsada por Bruselas y respaldada por el Gobierno central que lesiona la «reciprocidad»entre ambos mercados y que supone un ejercicio de «hipocresía», explica su responsable en Toledo, Blanca Corroto. El pacto castiga al sector local, sujeto a la normativa comunitaria en materia sanitaria y laboral, frente a los terceros actores a los que se les abre la puerta, países con marcos más laxos que los europeos.

La organización agraria ha convocado una concentración de protesta para el próximo 17 de diciembre en la sede de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha; el día anterior, esta entidad y COAG se manifestarán ante la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en Madrid. Además, Asaja prevé mantener las movilizaciones tras los festejos navideños si España mantiene su posición favorable al convenio, una postura que choca con la negativa expresada por Francia y las reticencias mostradas por los gobiernos de Italia, Polonia y Austria.

El convenio bilaterial posibilita la llegada de productos que «no cumplen con los estándares» que la Unión Europea exige a sus agricultores y ganaderos. Corroto subraya la amenaza que estos lotes suponen para un sector económico fundamental en la provincia e insiste en la pérdida de calidad para el consumidor. «Brasil no garantiza que la carne pueda llevar hormonas de crecimiento, como el clembuterol», apunta.

«Este acuerdo es incompatible con el pacto verde de la Unión Europea», añade la presidenta de Asaja Toledo, quien afea el «doble rasero» de la propuesta. La asociación urge al Gobierno de España a desmarcarse de un acuerdo que lesiona los intereses del campo local. El uso de fitosanitarios y medicamentos, una posibilidad vedada en el entorno comunitario, se mantiene vigente en los países que integran Mercosur. Del mismo modo, los costes de producción, especialmente los relativos a la mano de obra, son más baratos en Sudamérica. Por otra parte, el importante volumen de producción de vacuno y porcino en Brasil y Argentina preocupa en Toledo, dado que estos derivados cárnicos son dos de las referencias más importantes en la ganadería toledana.

Frente al Gobierno de España «que ya nos ha vendido y ha dicho que sí», Asaja relata que desde la Administración autonómica comparten su incertidumbre respecto a las consecuencias de la implantació de un espacio de libre comercio intercontinental. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, «es consciente de lo que esto supondría para la región», asegura Corroto. Asaja insiste en el «Gobierno español y Bruselas» como responsables de una iniciativa que convierte al campo «en moneda de cambio». Los peligros para el sector primario se tornan en oportunidades exportadoras para otras actividades.

INVOCAR AL CONSUMIDOR. Corroto advierte a los clientes «que toda esta carne que nos van a meter de fuera va a estar en los lineales del supermercado» y recuerda la garantía que brinda la producción local. Asaja se opone a una «competencia desleal gravísima» y se aferra a la conjunción de calidad y arraigo social del sector para sortear la crisis que auguran.

Aunque carecen de cifras exactas, muchas pequeñas explotaciones se cuestionan su viabilidad frente a los bajos precios de la carne y el cereal procedentes de Sudamérica.

Más allá de la situación derivada del acuerdo con Mercosur, el sector primario insiste en las mismas demandas que protagonizaron las protestas del pasado invierno; entre otras, la excesiva carga burocrática, las dificultades para acceder al agua el incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, la reforma de los seguros agrarios o el etiquetado transparente.