Manuel Madruga, secretario general de Fedeto, asegura que los empresarios no se oponen a que suba el salario mínimo interprofesional pero subraya que el Ministerio no revela el trasfondo recaudatorio de la medida ya que la ley de la Seguridad Social establece que la base mínima de cotización sube en el mismo porcentaje que el SMI, en todos los regímenes, no solo el general. En caso contrario, insta a que se demuestre aplicando la salvedad que incluye la ley para que esa repercusión en las cotizaciones no tenga efecto sobre las bases mínimas de las cotizaciones.
También recuerda que las pensiones tienen un gasto de más de 100.000 millones y cree que lo que se busca desde el Estado son ingresos por medio de las cotizaciones, es decir, a costa del empresario y advierte de que el problema es que estos dejan de ser competitivos frente a países europeos con cotizaciones más bajas.
Además observa que los sindicatos quieren que cada subida del salario mínimo tenga un efecto correlativo en los convenios sectoriales para mantener la equidistancia. De la misma forma el Ministerio de Seguridad Social pretende que el resto de bases, que no son las mínimas, también mantengan esa equidistancia con la nueva generada el incrementar el SMI.
Por lo tanto indica que el SMI afecta al empresario de forma directa e indirecta, sobre todo a las pymes y a determinados sectores, como el comercio o el campo, que son «los que padecen de una manera brutal» el incremento de costes y luego no pueden repercutirlo porque además hay productos que vienen de fuera que salen más baratos.
Al mismo tiempo observa que el Estado aumenta la deuda y el déficit con una parte importante del gasto público que no es eficiente (dice que se ha llegado a cifrar en 60.000 millones de euros), lo que conduce a que desde el Gobierno traten de tapar los agujeros con estos incrementos de ingresos a costa de los empresarios.
Madruga sugiere que, dejando al margen educación o sanidad, debería plantearse una reducción del gasto público o al menos mejorar la eficiencia.
En este contexto afirma que 2024 pilla a los empresarios «muertos de miedo» y sin certeza de seguridad jurídica frente a posibles cambios de normas. Por ejemplo, temen que el Gobierno «para congraciarse con la ciudadanía» por asuntos como la amnistía lo haga vendiendo «avances» en los derechos sociales, lo que significa que «la fiesta la van a pagar otros que son los empresarios».
Al mismo tiempo, debido a este contexto, las inversiones se paralizan, las grandes empresas se van fuera de España, los regalos electoralistas se multiplican y el empleo privado, el que genera Producto Interior Bruto, no va bien (solo crece en el sector público), además temen también la reducción de la jornada laboral. En definitiva, desde Fedeto reclaman diálogo social y seguridad jurídica para los empresarios.