La sección primera de la Audiencia Provincial juzgará el miércoles alas 9:30 horas a un individuo identificado con las iniciales C. A. C., con antecedentes penales. Según el escrito de acusación, conducía el 8 de agosto de 2019 un coche por la calle Mayor de Cazalegas a una velocidad muy alta. Un paseante que caminaba junto a su esposa y sus hijos recriminó la anomalía.
Entonces, el conductor cambió la trayectoria del vehículo y atropeló al denunciante, a quien golpeó con la parte delantera del vehículo.
El acusado, según la Fiscalía, abandonó el lugar del accidente, con la víctima en el suelo. Este hombre sufrió una herida abierta en el cuero cabelludo y fractura de cráneo, entre otras lesiones. Sufrió 325 días de perjuicio personal moderado y 11 grave.
El perjudicado presenta secuelas como el acortamiento de la extremidad inferior y la limitación de la movilidad en una de las piernas, además de un perjuicio estético por una cicatriz en forma de semiluna a medial, a la altura de la pierna.
«Además, el perjudicado ha perdido la posibilidad de llevar a cabo una parte relevante de sus actividades específicas de desarrollo personal con perjuicio por pérdida de calidad de vida por secuelas, así como incapacidad para realizar su trabajo o actividad profesional tras la estabilización equiparable a la situación de incapacidad permanente en grado de total para la profesión u oficio a la que se dedica el perjudicado», detalla el escrito de acusación firmado por la fiscal Paola Tejada.
Por todo ello, la Fiscalía reclama nueve años de cárcel contra el acusado por un delito de homicidio en grado de tentativa. Además, propone inicialmente que el procesado indemnice a la víctima en 25.475 euros por los menoscabos fíciso, en 12.000 euros por las secuelas y en 13.000 euros por el perjuicio estético.
Asimismo, el escrito de acusación cifra en 25.000 euros la indemnización por la incapacidad para realizar su trabajo o actividad profesional en grado total; además de los 2.000 euros por las dos intervenciones quirúrgicas y en la cantidad de 25.000 euros por pérdida de la calidad de vida.
El ministerio público considera a las compañías aseguradoras como responsables civiles directos, y como responsable civil subsidiario al propietario del vehículo, identificado por las iniciales A. J. S. P., quien había dado autorización al procesado para coger el coche aquel día de 2019.
La batería de pruebas incluye el interrogatorio al acusado y al denunciante, así como a agentes de la Guardia Civil y a médicos forenses adscritos al Instituto de Medicina Legal de Toledo.