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Las tres sentencias de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que condenan al Estado a pagar las expropiaciones de tierras hechas en la construcción de la autopista AP-41 Madrid-Toledo son sólo el principio de un proceso que puede acabar en un coste multimillonario para el Ministerio de Fomento. La consultora Cleocir cuenta que, con estos fallos, el TSJ  tendrá también que dar la razón a 196 clientes suyos que también perdieron sus tierras cuando se tendió la vía de peaje y, nueve años después, aún no han sido compensados pese a tener sentencias firmes que amparan su reclamación.  

En total, reclaman unos 14,3 millones de euros. Hay que tener en cuenta que el bloque de afectados que representa Cleocir equivale a algo más del 10 por ciento de los 1.600 expropiados de la AP-41. Se estima que, tras ganar diversos juicios durante el proceso expropiatorio, todo este colectivo tiene derecho a una indemnización total que rondaría los 140 millones de euros.

Los 196 expropiados que agrupa Cleocir son en su mayoría antiguos dueños de terrenos de la autopista en Numancia e Illescas, aunque también hay afectados en otras poblaciones sagreñas como Carranque, Cobeja o El Viso de San Juan.

El responsable de Cleocir, Fernando Guirao, aprecia que sus representados podrán acogerse a la doctrina planteada por el TSJ para que sea el Estado, ante el proceso concursal de suspensión de pagos de la concesionaria de la AP-41, quien asuma el pago de las indemnizaciones. «Nuestros procedimientos van a acabar como estos -los ya sentenciados contra Fomento-, igual», valora Guirao.

Objetivos.

Las demandas de los representados por esta consultora  especializada en expropiaciones tienen como particularidad que al dinero que se les debe de justiprecio, 8,9 millones, y los intereses de demora por el impago, otros 2,2 millones, suman una penalización adicional del 25 por ciento por entenderse como víctimas de un ‘enriquecimiento injusto’. «El que se ha quedado con el terreno es el Estado, y no ha pagado nada por ello», explica Guirao para defender la penalización suplementaria de 3 millones que sus clientes requieren a Fomento.

El responsable de Cleocir destaca el perjuicio que han sufrido sus clientes no sólo por la pérdida de propiedades, sino por el retraso que acumulan sus pagos. «Esta gente hace más de nueve años que perdió sus fincas, y padecen ahora dramas como estar viviendo de una pensión y mantener a sus hijos en paro cuando les deben 800.000 o un millón de euros. Están pasando una situación agónica y les deben una ‘pasta’ impresionante», resume.

Exigen que se liquide la concesionaria para que no sirva de ‘escudo’ a Fomento.

Otro aspecto que Cleocir valora de la doctrina que recoge el TSJ en sus últimas sentencias sobre la AP-41 es que el concurso de acreedores de la vía de peaje no debe afectar a los expropiados, ni retrasando el pago ni recortando sus indemnizaciones con las quitas que suelen hacerse a un acreedor común.

Aún con esto, esta consultora legal ha emprendido dos vías dirigidas a un único propósito: liquidar a la concesionaria de la autopista, para que no sirva de ‘escudo’ al Ministerio de Fomento y quede meridianamente claro que el Estado debe atender todos los pagos pendientes por esta infraestructura quebrada.

Su primera acción va dirigida al Juzgado de lo Mercantil de Toledo, que supervisa la autopista Madrid-Toledo tras aceptar su insolvencia. Va a plantear un incidente concursal para que se inicie la liquidación de la gestora concursada.

Guirao basa su petición de disolver la compañía en que, según los últimos datos contrastados por Fomento, la empresa obtuvo 2,7 millones de euros de recaudación en 2011, mientras que sólo el coste de conservar la vía ascendería a 3,4 millones. Señala que si la concesionaria no puede atender por si misma este gasto corriente, que se suma a sus gastos de personal , su deuda bancaria y sus impagos de expropiaciones «esto es una quiebra total, y vamos a presentar  un incidente concursal para ir a la liquidación porque no se dan las condiciones para mantenerla en concurso».

A la Audiencia Nacional.

Pero Cleocir también ha acudido a la Audiencia Nacional para instar a que se de por cancelado el propio contrato de concesión de la AP-41 otorgado por Fomento. Guirao defiende que «es incompatible por ley el concurso de acreedores con la explotación de una concesión». Si esto prospera, el letrado avisa que el Estado quedaría asumir no solo las expropiaciones sino los créditos y otros costes que ha supuesto la construcción de la autopista. «Estamos hablando de que, al Ministerio de Fomento, los errores de esta autopista le pueden costar la ‘broma’ de 600 millones de euros», calcula.