El inesperado o sorprendente acuerdo entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía para los regadíos de Doñana -después de meses enfrentadas estas administraciones, incluso ante Bruselas- cierra aparentemente la crisis política en torno al Parque Nacional.
Si lo pensamos, el 'documento de paz' presenta demasiadas similitudes, en términos y condiciones, con lo que un día recogió el Real Decreto de Cristina Narbona para la cuenca Alta del Guadiana de Castilla-La Mancha, lo que ha reactivado inevitablemente la hoja del 'Debe' en la agenda de la Junta de comunidades de nuestra tierra.
Hace poco más de un año, en septiembre de 2022, el ahora confirmado Secretario de Estado de Medio Ambiente del nuevo Gobierno, Hugo Morán, comprometió en Alcázar de San Juan ante el Presidente regional, Emiliano García-Page, ante el Vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, y ante una gran representación de agricultores de las provincias donde se asienta la mayor superficie de agricultura regable, casi 500.000 hectáreas, un nuevo presupuesto de 250 millones de euros para reanudar la regulación pendiente de pozos, completar el proceso que en su día dejó fuera a unas 1.500 explotaciones familiares, y rediseñar la gestión sostenible para lograr el equilibrio medioambiental en las masas subterráneas, tal y como recoge la Directiva comunitaria, y rubrica la nueva planificación hidrológica aprobada en febrero que debe desarrollarse ante la mirada vigilante de Europa.
Con aquel dinero -del que aún no se ha visto ni un euro-, se reanudarían los asuntos más urgentes desde un reconstruido consorcio de gestión entre la administración general del Estado y autonómica, cerrado en 2011 al llegar el Partido Popular al Gobierno. Antes también había quedado diluido el dinero prometido por Moncloa lo que supuso una vía de agua en el Real Decreto que quedó flotando en el BOE durante años, aunque vivo.
Precisamente la prórroga que forzó in extremis el Presidente de la Confederación del Guadiana, Samuel Moraleda, fue lo que ha posibilitado que el marco del PEAG siga siendo legal para levantar ahora sobre sus cimientos, las soluciones que quepan, según sea la voluntad del Ejecutivo central en los Presupuestos Generales del Estado a lo largo de la imprevisible legislatura. Las aguas de Doñana serán en este sentido, un buen espejo donde mirarlo.
Por todo, al calor de este recién acuerdo, los nuevos consejeros de Agricultura y de Desarrollo Sostenible de la Junta de García-Page han movido ficha escenificando en público la reclamación de la factura que mantiene el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) con nuestros agricultores y otros agentes. Al menos en la parte que verbalizó Morán aquel 18 de septiembre en Alcázar de San Juan. Porque Mercedes Gómez, -quien fuera también la responsable de la agricultura de Castilla-La Mancha durante aquellos años en los que se gestó el PEAG-, ya ha dicho que ese dinero es claramente «insuficiente».
Antes de reunir al Patronato del otro parque nacional, el de las Tablas de Daimiel, Gómez se refirió al pacto cerrado para Doñana, advirtiendo que la hoja de ruta está escrita aquí desde 2005 y que, en todo caso, cualquier medida que se reescriba sin contar con los agricultores y ganaderos hará que este fracase.
Por si fuera poco, Mercedes Gómez, como evocando su antigua responsabilidad, ha ido más allá, al grano y sin rodeos, desde la posición de fuerza que le confiere la gestión total de las competencias sobre el agua a través de la Agencia regional. De momento ha presentado alegaciones al futuro nuevo catálogo de Acuíferos Compartidos.
Y lo ha hecho desde el convencimiento de que «la información hidrogeológica se encuentra muy desactualizada» lo que requiere de la «ampliación de las redes piezométricas antes de fijar los recursos disponibles». Anuncia su oposición a que se aplique un criterio restrictivo para estas masas. Un planteamiento que comparten los afectados que esta misma semana celebrarán las primeras Juntas de Explotación que definirían a medio plazo, el regadío autorizado del año que viene.