Un sí a la ordenanza a pesar del voto en contra de IU-Podemos, a punto de quedarse encima de la mesa por un error de envío. La Comisión de Planeamiento llevó esta mañana por segunda vez en el orden del día la modificación número 32 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la conocida ordenanza de pisos turísticos, pero esta vez con éxito aunque en los primeros minutos corrió riesgo de retirada porque a la oposición el borrador de la ordenanza le llegó ayer por la mañana, solo 24 horas antes de la comisión.
Un «fallo de secretaría», según apuntó el presidente de la comisión y concejal de Planeamiento, Florentino Delgado, le obligó a preguntar a los grupos si tenían conocimiento suficiente del borrador para entablar el debate y la posterior votación.
Aunque se planteó la posibilidad de dejar el asunto encima de la mesa, a petición de IU-Podemos, finalmente se optó por mantener este punto del orden del día por su importancia y por la necesidad «de sacarla con carácter urgente», dado que la moratoria del Ayuntamiento para no conceder licencias a nuevas viviendas de uso turístico y apartamentos caduca en marzo.
En este caso, la oposición -PSOE e IU-Podemos- mostró su malestar por la tardanza en recibir la documentación y ambas formaciones dejaron claro que no es la primera vez que ocurre, más bien «la tercera», recalcó el viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Pablo García, que tampoco entiende «las prisas» que tiene ahora el equipo de Gobierno municipal «habiendo tenido año y medio» para aprobar esta normativa.
La ordenanza salió adelante gracias al respaldo de PP, PSOE y Vox. No hubo abstenciones y sí el voto en contra del portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, que no aprueba un texto que considera «pactado entre el PP y el PSOE» tras la reciente reunión «de mesa camilla» que mantuvieron ambos partidos en el Ayuntamiento. Una ordenanza, en su opinión, «que viene a gentrificar la ciudad».
Una vez obtenido el respaldo de la comisión de Planeamiento, la ordenanza pasará por Pleno este viernes para su aprobación inicial y continuará su tramitación para enviarla lo antes posible a la Junta con intención de que la apruebe en breve y el Ayuntamiento pueda disponer de ella una vez que venza la moratoria en marzo.
El borrador. La novedad más llamativa de la nueva ordenanza se encuentra en el artículo 12, que establece una limitación para las viviendas de uso extrahotelero con la finalidad de evitar un desequilibrio en el Casco y en la ciudad respecto a la actividad residencial. Por tanto, se ha fijado el grado de saturación en un 12% en todas las áreas de la ciudad, es decir, en todo el término municipal, «sin perjuicio de su actualización», tanto al alza o a la baja si fuera necesario.
Por tanto, la ordenanza de pisos turísticos se muestra más restrictiva que la que elaboró el PSOE en la anterior legislatura, puesto que reduce en un 8% el grado de saturación para evitar una alta concentración de viviendas de uso turístico -aquellas unidades de alojamiento sobre inmuebles de uso residencial-, y para apartamentos turísticos -ubicados en edificios destinados al completo a esta actividad-.
Respecto al Casco Histórico, la ordenanza añade que en el caso de viviendas de uso turístico, podrán ubicarse en planta primera y baja, también limita el alojamiento extrahotelero en aquellas zonas comerciales en planta baja para garantizar el comercio. Una restricción que no afecta a otras zonas del Casco que no se consideran comerciales.
El borrador que se discutió en la comisión continúa manteniendo la división en distritos censales para conseguir una referencia administrativa a la hora de disponer «de un punto de partida» para analizar el estado de la actividad extrahotelera en el Casco y poder aplicar ese índice de saturación con el objetivo de que no supere el 12% de viviendas y apartamentos turísticos.
El índice de saturación sembró debate y cierto recelo en la oposición. Por su parte, Pablo García, aseguró que el PSOE ve con buenos ojos que se haya rebajado del 20 al 12% el límite por área, pero considera que en alguna de las zonas hay ya una concentración de viviendas turísticas y de apartamentos superior al límite marcado y preguntó si el Ayuntamiento tiene prevista esta situación y retirará licencias o sancionará a los promotores.
También Txema Fernández, portavoz de IU-Podemos, se mostró muy crítico con el límite del 12% porque tiene claro que la cifra se ha alcanzado sin suficientes criterios técnicos, «sin ningún informe sobre los distritos censales, con lo cual es una foto fija, sin tener en cuenta el conjunto de las legales, las ilegales y las plazas hoteleras». Por tanto, remarcó que el Ayuntamiento «se está haciendo trampas al solitario» y el criterio obedece «a la voluntad», como ya ocurrió en la anterior legislatura.
Por contra, Delgado respondió a la oposición dejando claro que ninguna de las zonas censales del Casco ha alcanzado ese 12% de concentración de actividad extrahotelera y aseguró que con este porcentaje se busca regular la actividad, «ser flexible», garantizar el equilibrio, tratándose del Casco. Además, añadió que hay zonas con más y con menos viviendas y apartamentos turísticos, pero «la media no supera el 6%» si se toma como referencia el parque residencial.
En principio, estima que actualmente el Casco dispone de 640, aunque la cifra hay que tomarla con cautela porque procede de registros y del trabajo de la concejalía, pero el Ayuntamiento no maneja un cálculo sobre la actividad clandestina.
Otra de las modificaciones introducidas ahora guarda relación con la regulación de la actividad extrahotelera en la zona de los Cigarrales. En este caso, únicamente se permiten viviendas de uso turístico», una modalidad con efecto reversible, dado que las viviendas de uso turístico pueden en cualquier momento pasar a ser residenciales.
Respecto al resto de la ciudad, también el uso extrahotelero se limita a planta baja y primera. Además, se aplicarán las condiciones urbanísticas específicas. Todas las viviendas y apartamentos turísticos de la ciudad tendrán que cumplir las normas de accesibilidad, habitabilidad y unas dimensiones mínimas con la posibilidad de que se pueda revertir el uso residencial.