Japón está a punto de poner en marcha su plan para verter al mar el agua tratada procedente de la central de Fukushima doce años después de que se produjera la catástrofe nuclear de 2011. La liberación de estas aguas, que ahora apremia ante la falta de capacidad de almacenamiento en los tanques de la planta, ha suscitado la polémica a nivel nacional y regional desde que así lo anunciara el Gobierno en abril de 2021.

Desde Tokio insisten en que la reconstrucción es fundamental para la central, un proceso que pasa por adquirir más espacio en los tanques, especialmente ante la preocupación de algunos expertos que temen que estos colapsen en caso de que se produzca un nuevo desastre natural.

Para la purificación y el tratamiento de este agua antes de su liberación al mar, Japón la somete al llamado Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos (ALPS), que permite eliminar las sustancias radiactivas en su práctica totalidad, a excepción del tritio --un isótopo natural del hidrógeno--, de forma que esté diluida y los niveles de radiación cumplan con los estándares internacionales.

El ALPS, precisamente, es un sistema de bombeo y filtración que utiliza una serie de reacciones químicas para eliminar decenas de radionucleidos del agua contaminada, si bien no es capaz de eliminar el tritio del agua contaminada.

Sin embargo, las autoridades niponas insisten en la seguridad de estos residuos nucleares y aseguran que este tipo de vertidos no son nuevos. "Para nosotros la seguridad es la máxima prioridad. Si no se cumpliera con estas normas, los japoneses serían los primeros en sufrir las consecuencias. Nuestro Gobierno jamás tomaría una decisión que pusiera en peligro la vida y salud de los ciudadanos. El compromiso es firme", han indicado fuentes del Gobierno japonés en declaraciones a Europa Press.

Así, han aclarado que esta descarga es "segura" dado que el agua "está suficientemente purificada y diluida". "Cumple con los reglamentos de seguridad respecto a la concentración radiactiva. La concentración de materiales radiactivos está muy por debajo de la normativa y la descarga en el mar cumple con los estándares internacionales", han insistido antes de recordar, además, que otros países como China y Corea del Sur "también vierten este tipo de agua tratada de acuerdo con el Derecho Internacional".

La mayoría de las centrales nucleares de todo el mundo descargan de forma periódica agua tratada que contiene concentraciones de bajo nivel de tritio y otros radionucleidos como parte de sus operaciones, incluidas dos centrales nucleares españolas, según estos datos.

El papel del OIEA

En esta línea se ha expresado el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), que creó un grupo específico para realizar labores de seguimiento y revisión para garantizar la seguridad de la liberación del agua. "Es la autoridad internacional en temas nucleares y la organización idónea para analizar esto", apuntan las citadas fuentes, que han sostenido que "el grupo está formado por expertos de numerosos países y renombre internacional".

Tokio se encuentra, de hecho, a la espera de recibir el visto bueno definitivo del OIEA para poner en marcha el proceso, previsto para este verano, a pesar de las críticas de algunos países de la región y del sector pesquero, que ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que la reputación de sus productos se vea afectada.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, tiene previsto reunirse el martes con el primer ministro, Fumio Kishida, con la vista puesta en la presentación de un informe exhaustivo que sirva de conclusión y permita poner en marcha el plan, que podría alargarse varias décadas, tal y como señalan altos cargos del Gobierno nipón. "Estamos a la espera", aseguran, no sin antes hacer hincapié en que "una cosa es probar que el agua es segura y otra lograr que los ciudadanos de la zona se sientan seguros".

Situación regional

La desconfianza mostrada por China supone uno de los principales escollos para Japón a la hora de hacerse con el apoyo de los países vecinos. El gigante asiático, que ha hecho un llamamiento incluso al boicot, afirma que el proceso supone un "peligro" para las poblaciones de la región y el medio marino circundante.

Pekín apunta a que se trata de una medida "irresponsable" que "pone en peligro la vida marina y la salud pública" de las poblaciones de la región, una postura a la que se suma la industria pesquera de la zona y varias organizaciones de defensa del medio ambiente, que inciden en que esto supone una "falta de respeto hacia los Derechos Humanos y los intereses del pueblo de Fukushima".

Organizaciones como Greenpeace han señalado anteriormente que la decisión permite a la compañía eléctrica japonesa TEPCO, que gestiona la central nuclear, poner en marcha un proceso que, "en vez de utilizar la tecnología disponible para minimizar la radiación al almacenar y tratar el agua durante un largo periodo de tiempo, opta por la opción más barata".

Por contra, el Gobierno de Corea del Sur ha mostrado un acercamiento hacia Japón y ha destacado, tras enviar un equipo de expertos al país vecino, que el impacto será "mínimo" en sus costas, particularmente debido a las corrientes oceánicas. Desde el Ministerio de Exteriores japonés han alabado la postura surcoreana y han dicho valorar "muy positivamente la actitud del Gobierno de Corea del Sur".

"El envío de una delegación surcoreana ha sido muy importante. Están siendo fieles a la ciencia y están teniendo en cuenta las preocupaciones de su población sin dramatizar el tema. Buscan conseguir la mayor información científica posible para que el pueblo surcoreano pueda entender este tema mejor", ha puntualizado un alto cargo.

Asimismo, han destacado el papel desempeñado por el actual Gobierno del presidente, Yoon Suk Yeol, en contraposición al de su antecesor, Moon Jae In, y ha dicho "notar un cambio" desde que el nuevo Ejecutivo juró el cargo. "No digo que el anterior Gobierno no se comunicara con nosotros pero con el nuevo se activó bastante el diálogo", ha manifestado.

A su vez, han reiterado que se trata de "uno de los pueblos mas sensibles a cuestiones nucleares debido a su propia historia" y que "nunca liberaría agua contaminada al mar, menos frente a sus propias costas".

Estas mismas fuentes gubernamentales han explicado que el agua en cuestión será sometida a mediciones antes de su liberación. "Hay opiniones rigurosas del OIEA, que ha enviado cinco misiones del grupo de tarea a Japón y ha emitido seis informes sobre aspectos de seguridad y regulatorios. Esperamos que la semana que viene podamos recibir un informe exhaustivo con una valoración que refleje cabalmente lo que venimos haciendo hasta ahora", han expresado antes de arremeter contra "informaciones erróneas que provocan daños en la reputación y afectan negativamente a los habitantes de Fukushima".

Más de una década después de que un gran tsunami arrasara la costa este de Japón e hiciera fallar los sistemas de seguridad de la central, la población japonesa sigue luchando tras el que ha sido considerado como uno de los peores accidentes nucleares de la Historia.

A diferencia del accidente de Chernóbil, las partículas liberadas en Fukushima fueron vertidas principalmente al mar y no a la atmósfera, lo que podría haber disminuido el riesgo sanitario. No obstante, esto ha hecho de la industria pesquera una de las principales víctimas en términos económicos y laborales.

El sector sigue a la espera de volver a la normalidad para poder recuperarse finalmente del duro varapalo a medida que el plan de verter agua tratada procedente de la central parece materializarse.