Cuenta algún socialista que finalizado el comité federal del Psoe de hace un par de semanas, en los corrillos posteriores, informales, Pedro Sánchez defendió la amnistía a capa y espada y dijo que contaba con el respaldo de la mayor parte de la sociedad, pero tenía enfrente a jueces, empresarios y periodistas. Con su habitual seguridad en sí mismo, con su habitual soberbia, añadió que él se las arreglaría para neutralizarlos.
No son los únicos colectivos preocupados por las consecuencias del proyecto de Sánchez y las cesiones que ha hecho a sus socios de investidura, que según profesionales muy cualificados, de los más cualificados, ponen en peligro el Estado de Derecho. La reacción de Sánchez y sus afines a estas acusaciones son las de siempre: el sanchismo es víctima de las maniobras de partidos ultra nostálgico del franquismo, Feijóo ha hecho suyas las políticas de Vox, los empresarios solo buscan enriquecerse más a costa de reducir los salarios de los trabajadores e imponerles un sistema laboral propio de negreros, y la mayoría de los medios de comunicación siguen milimétricamente las consignas que emanan del PP y de los empresarios de la extrema derecha, que a cambio les ofrecen importantes ingresos publicitarios.
Debería cuidarse Sánchez de lo que dice y pacta, porque si bien cuenta con más medios afines que el centro derecha porque es él quien utiliza la publicidad para conseguir adeptos, en las filas de votantes y militantes socialistas es creciente el rechazo hacia Sánchez como se vio en las elecciones de mayo. No en las de julio porque Sánchez se guardó de incluir en su programa una cuestión tan delicada como la amnistía y el referendum que siempre estuvo dispuesto a conceder a los independentistas. De haberlo anunciado, no habría tenido ni la mitad de votos que tuvo. Y aún así le ganó las elecciones el PP.
Los jueces y fiscales españoles han sido los primeros en plantar cara a Pedro Sánchez, con las asociaciones progresistas dando por primera vez un paso adelante. El Fiscal General se ha encontrado con que el Supremo le corta las alas en la concesión de cargos a Dolores Delgado a los que no tiene derecho, y el juez García Castellón no se corta un pelo, a pesar de la campaña de desprestigio contra él, y pasa al Supremo los informes sobre las conexiones entre Puigdemont y Tsunami Democratic, porque Castellón no tiene competencias sobre un eurodiputado aforado.
Importantes empresarios, con Garamendi a la cabeza, denuncian las consecuencias de las medidas del gobierno, que destruirán miles de pymes, docenas de miles de empleos y provocarán la huida de posibles inversores. Pero no se arrugan ante Sánchez sino que se disponen a pelear por sus derechos. En cuanto al puñado de periodistas que hoy ven en Sánchez un peligro para España, tampoco se arrugan y se disponen a pelear.
A ver quién gana la batalla. A ver si Sánchez, efectivamente, puede neutralizar a jueces, empresarios y periodistas.