Durante las últimas semanas, las políticas para regular la migración están copando el debate a nivel europeo. Iniciativas como las de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de enviar a sin papeles a un centro de retención en Albania -proyecto después tumbado por la Justicia transalpina- han generado controversia en los países de la UE sobre cómo abordar el tema. En España, la crisis humanitaria es cada vez más palpable, especialmente en las Islas Canarias, donde su Gobierno valora establecer medidas para evitar la saturación de su red de acogida.

Estas pasan por fijar acuerdos con países como Marruecos o Senegal para derivarles la atención de los menores migrantes no acompañados (menas) procedentes de estos países que han llegado al archipiélago.

Su presidente, Fernando Clavijo, ha confirmado que estudia esta opción como alternativa ante el bloqueo político actual sobre la reforma de la norma para que las comunidades compartan este asilo.

Para ello, se ha apoyado en el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, que permite a las regiones «constituir pactos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia».

Aunque este instrumento está contemplado en la ley, su correcta aplicación exige un exhaustivo estudio caso por caso en función del interés superior del mena -para lo que son precisos muchos medios técnicos y largos plazos- que habitualmente concluye que lo mejor para él es quedarse en España.

Lo mejor, con su familia

La directora de Incidencia Social y Política de Save The Children, Catalina Perazzo, explica que, a priori, lo mejor para un niño es estar con su familia. Por eso, es la primera opción a valorar cuando un menor llega solo a España.

Pero para que se produzca una repatriación, ha de acreditarse que se trata de lo mejor para el joven, algo que no es sencillo.

Según explica la letrada Paloma García de Viedma, de la Fundación Raíces, en estos casos la Delegación del Gobierno tiene que recabar un informe de las autoridades de la nación de origen sobre la situación socioeconómica de la familia para comprobar que el mena va a ser bien atendido en el caso de su retorno.

Es un procedimiento en el que el joven tiene derecho a ser escuchado, a tener un abogado y a recurrir ante un juez si no está de acuerdo con la decisión; lo que lo convierte en un proceso «difícil» y lento.

Derivación al sistema del país de origen

Otra opción es repatriar al menor y ponerlo a disposición del sistema de protección del país en cuestión. Pero, de nuevo, hay que justificar que esta decisión atiende su interés superior.

Se debe hacer una evaluación de si la red de atención de la nación de procedencia cuenta con las garantías necesarias, como centros de protección adecuados o profesionales especializados que cuiden correctamente del joven.

En opinión de la coordinadora jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Elena Muñoz, conociendo la realidad de los sistemas de Marruecos y Senegal, es «difícil» que una valoración en función del interés superior del mena concluya que van a estar mejor en un centro de menores allí que en España.

En cualquier caso, las expertas recalcan que esta vía no sería una solución rápida ni aplicable de forma masiva, como reclama Canarias para aliviar la actual saturación de sus recursos.

Acogimiento en otro Estado de la UE

El llamado acogimiento transfronterizo está recogido en la ley de 2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, pero, de nuevo, se debe aplicar bajo un análisis individualizado que tenga como resultado que esa opción es la mejor para el joven.

Por ejemplo, porque tiene familia u otras personas de referencia en ese otro Estado. Un proceso que no se ejecuta en prácticamente ningún caso y tampoco se podría realizar de forma masiva.

Traslado a una tercera nación

Otra herramienta que contempla el derecho internacional es el reasentamiento en un tercer país, aunque esta es una medida de atención humanitaria pensada para personas refugiadas que están en otro territorio en conflicto o donde no se garantizan sus derechos con el fin de que sean protegidos en un lugar seguro. Precisamente, el plan de Meloni pasa por esta vía.

Este modelo ha sido rechazado por el Gobierno central y el presidente canario, pero no así por el vicepresidente del Ejecutivo autonómico en las islas, del PP.

Las expertas coinciden en que esta herramienta no se podría aplicar en ningún caso. Según García de Viedma, sería «una barbaridad» que va «en contra de todo» el marco legal que protege los derechos de la infancia.