La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, presidió este lunes la reunión de la comisión de seguimiento del Eje 1 del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo, resaltando que son casi 6.000 las empresas de la región beneficiadas de las medidas de modernización del tejido productivo incluidas en este documento.
En atención a los medios de comunicación tras la reunión, Franco detalló que ya se han llevado a cabo "un gran número" de las medidas que están planteadas en este eje 1. En total son 120 medidas de las más de 730 previstas. De esas 120 medidas, 112 están en ejecución, cinco están ya finalizadas y tres están pendientes de iniciación, ha detallado.
"Esto da que cerca del 58% del total del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo está ejecutado", dijo la consejera, que destacó algunas áreas de este primer eje, como por ejemplo la de turismo, que tiene una ejecución que supera el 80%, o la de internacionalización y captación de inversión extranjera, que se encuentra ya en ejecuciones superiores al 61%.
En cuanto al presupuesto, Franco ha indicado que se ha ejecutado más del 84% en su conjunto de los 530 millones que contempla este eje.
"De este 84% de ejecución presupuestaria y cerca del 58% de medidas ejecutadas se han beneficiado hasta la fecha cerca de 6.000 empresas que forman parte de esas medidas directas de impulso, sin contemplar también entidades locales que están siendo beneficiarias como por ejemplo en todo lo que es los planes de sostenibilidad turística que también forman parte de este eje de modernización de nuestro sistema productivo", ha dicho.
Tras avanzar que a lo largo de la semana se sustanciarán más reuniones de otros ejes de dicho pacto, la titular regional de Economía, Empresas y Empleo ha puesto en valor la "utilidad" de estas reuniones pues, según ha defendido, "sirven para escuchar a la sociedad de Castilla-La Mancha", haciendo que "se sienta partícipe".
"Muchos de los colectivos que tienen presencia no solo regional sino nacional también han destacado que se trata de una buena práctica, que no existe en otros gobiernos autonómicos o en otras comunidades autónomas, donde no se trabaja con el consenso y con el concierto del conjunto de la sociedad", ha concluido.