Vicente Guilarte presidía ayer su primer pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras convertirse en el presidente en funciones del máximo órgano de gobierno de los jueces. Esta nueva interinidad llega por la jubilación de Rafael Mozo, que nueve meses antes había cubierto, también en funciones, la vacante de Carlos Lesmes, el presidente que tras varios amagos acabó por dimitir ante la falta de acuerdo del PSOE y el PP para renovar el CGPJ. Su salida no tuvo el efecto deseado y no consiguió remover un ápice el bloqueo existente.

La provisionalidad del órgano de gobierno de los jueces continuará con Guilarte, vocal conservador que ha aceptado asumir la presidencia por suplencia del CGPJ, como vocal de más edad tras la salida de Mozo. 

Los dos partidos mayoritarios en España han sido incapaces de ponerse de acuerdo para la renovación de este órgano constitucional, que en el mes de diciembre, si nada cambia, cumplirá ya cinco años en funciones. 

Los resultados que han arrojado las elecciones generales del domingo no parecen apuntar en la dirección de que lo que no se ha podido hacer en cuatro años y medio se vaya a poder hacer ahora. En este sentido, el panorama de inestabilidad que han dejado las urnas y el difícil escenario político dejan abierta la posibilidad de una repetición electoral en el plazo de unos meses. Sería, sin duda, el peor escenario, pero en el caso de que consigan tejerse mayorías, por precarias que sean, para la investidura, la renovación del CGPJ tampoco se presenta fácil. 

Sin embargo, debe convertirse en una prioridad, tanto para el gobierno entrante, como para el partido que lidere la oposición en el parlamento. PP y PSOE deben conjurarse para zanjar de una vez las diferencias que han impedido hasta ahora la renovación de un órgano consagrado en la Constitución Española. 

El nombramiento de los nuevos vocales seguirá necesitando del apoyo de las tres quintas partes del Parlamento, un requisito que convierte en imprescindible el aval de las dos principales fuerzas políticas de España. 

A priori, parece que el PP va a tener difícil cumplir su promesa de cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno para dar más poder a los jueces, pero, en todo caso, sus votos seguirán siendo necesarios para cumplir con una renovación que lleva demasiado tiempo pendiente. 

La buena salud del gobierno de los jueces, que lleva demasiado tiempo en precario, se convierte en un daño colateral -otro más- de la falta de estabilidad política. Pero como partidos de Estado, PP y PSOE tienen que marcarse entre sus primeras exigencias el diálogo sobre el sistema de elección del CGPJ y, más pronto que tarde, su renovación.