El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, registró el pasado 22 de marzo en las Cortes Generales el Informe anual de la actividad de la institución en 2023, que revela que desde Castilla-La Mancha se emitieron 1.499 quejas de los ciudadanos, un dato superior al del año 2022, cuando se materializaron 1.314, lo que representa un incremento del 14,07%.

El informe recoge quejas en multitud de áreas, pero en lo que concierne a casos de abuso y explotación sexual en menores en régimen de protección, el Defensor lamenta que en la mayor parte de los casos detectados y comunicados a nivel nacional, el menor se encontraba con una medida de acogimiento residencial. Al mismo tiempo, destaca que la detección de los casos se produce, en un elevado número, por los educadores de los centros y gracias a la confianza que se genera entre estos y el menor. 

En Castilla-La Mancha, un total de 15 casos fueron detectados a partir del relato del menor en el centro, seis por el relato del menor en otro espacio, cuatro en la familia de acogida y otros cuatro en el centro educativo, dos tras las denuncias en un centro de la mujer, uno por el testimonio de un familiar y otro en el centro sanitario.

Si estos datos son de por sí alarmantes, más lo es otro registrado en el informe y que atañe a los centros de menores de titularidad pública. 

El Defensor denuncia que hubo ocho violaciones producidas bajo sumisión química en la comunidad autónoma en un período plurianual, aunque no especifica cuál.

Bienestar Social pide una rectificación. La Tribuna se ha puesto en contacto con la Consejería de Bienestar Social para intentar aclarar estas denuncias de agresiones sexuales reveladas por el Defendor del Pueblo en estos centros. Fuentes del departamento que dirige Bárbara García sostienen que los datos publicados por la institución «no son correctos», por lo que ha solicitado al Defensor una rectificación de los mismos.