Las inmobiliarias son conscientes de que los precios establecidos en el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Vivienda de Alquiler, no son reales. Tanto es así, que ni siquiera en una ciudad como Talavera, que copa muchos informes inmobiliarios como una de las ciudades más baratas de España, se puede alquilar un inmueble de 80 metros cuadrados con una media de 380 euros, como recoge la herramienta del Ministerio de Vivienda.

En Talavera ya hay poca vivienda de alquiler. Mucha demanda y poca oferta, por lo que los precios  han subido y aunque dependen de muchas variables, calidades, zona y, por supuesto, superficie y habitaciones, los precios se encuentran entre los 425-500 euros al mes para un apartamento de dos dormitorios, que se encarecerá si le añades garaje, indica Fernando Bielsa, de Inmobiliaria Bielsa. «Esto es lo que mejor se alquila y lo más rentable, un dormitorio tampoco se alquila mal y sensiblemente es un pelín más barato que el de dos».

El inmueble de 3 o 4 dormitorios será algo más caro pero «realmente, en proporción, es mucho más económico que el de 2».

El mercado de la vivienda ha cambiado mucho, y ahora alquilar para vivir es lo más normal, y sin intención de comprar a corto o medio plazo, ni siquiera a largo. Se percibe de otra manera diferente a lo que se hacía hace 25 años, cuando vivir de arrendamiento se entendía como tirar el dinero. Ahora, por cuestiones como la movilidad geográfica, mayor flexibilidad, peores salarios y, por supuesto, no atarse económicamente a ninguna hipoteca, es la opción preferida por los jóvenes, y no tan jóvenes.

Por ello, alquilar una vivienda es cada vez más un negocio, en ocasiones muy rentable. En Talavera, son muchos los inversionistas de la ciudad y fuera de ella, que han comprado pisos baratos para acondicionarlos y ponerlos en alquiler y rentabilizar entre un 5 y un 10 por ciento su inversión.  

Esto se aleja de uno de los objetivos de esta Ley de Vivienda, que es proteger especialmente a ciertos colectivos, como familias monoparentales con menores o personas vulnerables, obligando a que en el caso de impagos sea el propietario el que tenga que demostrar que no se trata de inquilinos vulnerables, lo que complica especialmente a la hora de rescindir el contrato. Esto ha hecho que los arrendadores no solo desestimen a este tipo de inquilinos que pueden «complicarles la vida» sino que aumenten los requisitos que piden a la hora de alquilar su vivienda, lo que en la práctica lleva a una subida de precios. En este sentido, lamentan que las medidas que articula el Gobierno solo afectan a los propietarios sin que se articulen otras medidas sociales como la vivienda pública en alquiler.