Hasta el momento, la educación superior en España convivía dentro de unos cauces de normalidad entre dos tipos de gestión de la enseñanza bien diferenciada: la de carácter público -la mayoritaria- y aquella de formato privado. En casi medio siglo de democracia, nadie se había planteado introducir mejoras o requisitos a un mercado que, a priori, se autogestionaba con las necesidades de la oferta y la demanda y las exigencias educativas de cada comunidad autónoma.
Ahora, todo ese panorama se dinamita tras la aprobación la pasada semana en Consejo de Ministros de un real decreto, que previsiblemente verá la luz el próximo mes, en el que se quiere imponer una serie de obligaciones a los centros privados de nueva creación respecto al número mínimo de estudiantes, la exigencia de poseer ciertos avales económicos y de calidad o contar con un conjunto de requisitos de titulación y de número de doctores.
Visto lo visto, el enfrentamiento está más que servido. Así, desde el Gobierno se habla de eliminar unos «chiringuitos educativos» que no cumplen el nivel mínimo exigible para impartir educación superior; mientras que por el otro lado, tanto el PP como la patronal de centros de enseñanza privada (Acade) consideran que la iniciativa del Ejecutivo es un «ataque injusto e injustificado» a instituciones que suponen una «mejora de la calidad y la empleabilidad de los jóvenes».
Ante este maremágnum, los rectores mantienen la calma y afirman que su postura no ha cambiado, su único objetivo es apostar por la calidad de las universidades como instituciones de educación superior y de investigación. En este sentido, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) estima que los nuevos centros deben garantizar el desarrollo de todas las misiones propias, incluidas la investigación y la transferencia de conocimiento.
Desarrollo asimétrico
Sobre el terreno, lo cierto es que durante los últimos 25 años las universidades privadas han crecido de forma exponencial frente a las públicas, que han mantenido el mismo número de campus que en 2000. Así, las primeros suman 41 centros activos frente a las 50 de la red estatal, mientras que hay otras siete instalaciones privadas pendientes de aprobación: cuatro en la Comunidad de Madrid, dos en Extremadura y uno en Galicia.
Entre 1980 y 2000 se produjo la primera expansión del número de universidades públicas y significó su presencia en casi todas las provincias españolas, pero hace ya 27 años desde que abrió sus puertas la última, la Politécnica de Cartagena.
Mientras, las privadas han triplicado su número en el presente siglo y las matriculaciones en estos centros han crecido un 368 por ciento desde 1999. Sin embargo, los alumnos se siguen concentrando en la pública, donde está matriculado el 78 por ciento de los estudiantes, según los últimos datos del Ministerio de Ciencia referidos al curso 2023-24.
Un dato significativo es que las cuatro comunidades con mayor renta per cápita, Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña, son sede del 54 por ciento de los centros privados, frente al 30 por ciento de la públicas y concentran a siete de cada 10 estudiantes de la red privada, según un informe de la CRUE.
En comparación con la UE, uno de los rasgos más distintivos del sistema universitario español es el mayor peso relativo de las privadas con relación a las públicas, sobre todo entre los matriculados de posgrados, unos 20 puntos superior. De hecho, el número de estudiantes de máster en la privada superó por primera vez a los de la pública -145.306 vs 143.649-, en el curso 2022-2023.
Con carácter retroactivo
La polémica va más allá de lo que afecta a la educación en las aulas, ya que la nueva normativa del Gobierno prentende eliminar a aquellas instituciones que no posean más de 4.500 alumnos en los cinco primeros años de ejercicio.
Además, el Ejecutivo ya avisó que esta medida afectan por igual a las nuevas propuestas para crear una universidad y a las que ya están en funcionamiento. De ser así, hay hasta cinco centros en Madrid que no cumplen con este requisito, como son Cunef Universidad, con 2.569 alumnos; ESIC Universidad con 2.539; Universidad Internacional de la Empresa (UNIE) con 2.248; Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) con 2.033, y la Villanueva con 2.001.
Asimismo, podrán ser revocadas aquellas instituciones que no posean el informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (Aneca), que a partir de ahora será vinculante. Otra de las trabas que se le impone a las futuras universidades es la obligación de destinar un 5% a investigación, una asignatura pendiente de muchas privadas.
De llevarse a efecto las cláusulas del real decreto, algunas de las instituciones privadas de reciente creación o las que tienen pensado implantarse a futuro deberán ponerse las pilas para cumplir unos requisitos que enfrentan a Gobierno y oposición respecto a la financiación del sistema universitario español.