Aprobado, pero con bastante margen de mejora. Así podría resumirse el informe anual de los resultados del control interno por parte del interventor de la actividad del Ayuntamiento de Toledo el año pasado, un documento que se eleva hoy a la comisión de Hacienda para cumplir con la Ley reguladora de las Haciendas Locales, que obliga a poner en marcha un plan de acción para ir subsanando las deficiencias sujeto a un calendario para su aplicación. 

La Intervención municipal tuvo bastante trabajo el año pasado. En total, emitió 5.884 informes de control previo, un 2,7% más que en 2023, con buenos resultados si tiene en cuenta que de este gran volumen de expedientes únicamente el interventor planteó observaciones en 170 informes, la mayoría de las cuales relacionadas con la contratación y los contratos menores. Si bien, en este caso el Ayuntamiento ha cumplido con holgura la actividad —cuentas, personal inversión, fiscalización…— porque solo incurrió en un incumplimiento detectado por la Intervención, aunque no se especifica de qué se trata. 

Más allá de la estadística, el interventor pone la lupa en el Plan Financiero relativo al año pasado porque detecta que algunas de las carencias no se han suplido ni tampoco se han tomado en cuenta distintas recomendaciones. En relación al control financiero, la Intervención echa en falta que Gobierno municipal no haya iniciado todavía tres de las auditorías que deberían asumirse como medida de control, la del servicio de transporte de viajeros, la del funcionamiento de las tres escuelas infantiles municipales y la de capacidad de transformación de la administración general. 

Estas auditorías, como refleja el informe, proporcionarían «una valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de buena gestión». Además, ayudarían a establecer recomendaciones para corregir cualquier deficiencia que se detectase.

A pesar de que no se detectan problemáticas que hayan impedido alguna actividad, lo cierto es que el interventor sí ha dejado constancia por escrito de que el Ayuntamiento aún no ha puesto en marcha recomendaciones que ya se efectuaron en 2023, como la aprobación de un plan anual de contratación, propuesta planteada en 2020, y el establecimiento de «mecanismos efectivos» para el seguimiento de la ejecución de los contratos. Una laguna que ha saltado más de una vez al terreno político de la mano de Izquierda Unida, que lleva años pidiendo a la comisión de Hacienda que fiscalice los contratos municipales.

Al mismo tiempo, también sigue considerando necesario, como ya señaló en informes anteriores, que se revise el actual sistema de gestión administrativa del Ayuntamiento con el objetivo de conseguir «la máxima especialización posible de los empleados públicos y la contención de riesgos en la tramitación».

En este caso, la Intervención municipal vuelve a reiterar la obligación de regularizar el contrato de obras que corresponde a los trabajos de gestión y ejecución de obras a realizar en espacios de dominio y uso público municipal y que afecten a servicios básicos de suministros y accesibilidad.

Además, el interventor añade en su apartado de conclusiones y recomendaciones «las anomalías detectadas» en las auditorías que sí se han realizado a lo largo de 2024, dado que entiende que existe una falta de control en la ejecución de las cláusulas especiales de los contratos y algunas deficiencias «no sustanciales» en la gestión de los gastos de personal. 

El informe también se detiene en la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) y recomienda regularizar las cuentas conforme a la auditoría que se ha practicado a la empresa, llevar a cabo las reformas normativas aconsejadas, una medida aprobada ya en el Consejo de Administración de la entidad, aplicar la revisión salarial a la plantilla y del IPC en los contratos sometidos a revisión de precios. 

DATOS. La Intervención municipal lleva al día la cuenta de la cantidad de avisos y advertencias que ha efectuado al Ayuntamiento en los últimos años. Sin ir más lejos, de 2019 a 2024 se han formulado 233 recomendaciones, de las cuales se han cumplido un total de 130, la mayoría relacionadas con la gestión y tramitación. No obstante, hay que sumar otras 16 en las que se está actuando para corregir las deficiencias. 

Como apunte, el informe se detiene en las 22 recomendaciones sin cumplir en materia de desarrollo normativo propio, una cifra significativa a ojos del interventor. Por último, en relación a la calificación de la gravedad de los incumplimientos y deficiencias, el documento subraya que el 44% se considera grave, y el 1,29% muy grave. El resto es de carácter leve.