El grupo municipal de Izquierda Unida–Podemos en el Ayuntamiento de Toledo ha solicitado a la Presidencia del PDM de Toledo que «no atienda las demandas de grupos de presión empresarial que pretenden la reducción del salario de los monitores deportivos». Izquierda Unida se refiere a  la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (AEESDAP) que ha presentado alegaciones «a un mal pliego de condiciones que viene de legislaturas anteriores, con el que se van a privatizar los monitores y monitoras deportivos en la ciudad». Unas alegaciones que han sido aceptadas por el PP y Vox.

La «alegación más grave» para IU-Podemos es la que esta asociación empresarial ha hecho referida al salario de esta plantilla. Mientras en el pliego de condiciones se contempla un mínimo de 14 euros/hora durante los cuatro años que dure el contrato, «lo que supone de facto ya una congelación salarial que debería ser inasumible por el Ayuntamiento de Toledo», la citada entidad ha propuesto que cobren menos y que se ajusten al convenio propio en vigor».

«Esta propuesta debiera ser suficiente para inhabilitar cualquier otra alegación, pero así asumimos las tesis de Vox que quiere eliminar este Patronato, tal y como dejó claro en la anterior legislatura su representante municipal», concluye Txema Fernández.

Además, contrato, que entrará en vigor el 1 de enero ,contemplaba la obligación de que la empresa adjudicataria tuviera una solvencia económica -dato con el que podemos evaluar la capacidad para prestar el servicio de forma óptima- de 1,5 millones de euros de facturación. «Tras la alegación de este 'lobby' empresarial, se ha reducido a 600.000 euros, dando la posibilidad de poder ser adjudicatarios empresas más pequeñas que no garantizan la prestación óptima del servicio, como ocurre hoy», explica Txema Fernández, portavoz municipal de Izquierda-Unida Podemos.

Además, la Presidencia del PDM también ha aceptado que no cuente como criterio de adjudicación el seguro de responsabilidad civil que debe tener la empresa adjudicataria. «Hay más de 5.000 usuarios y usuarias de deporte en Toledo a los que no se les va a garantizar que, en caso de accidente, estén bien cubiertos. Es una irresponsabilidad inasumible», comenta Fernández.