Sindicatos y trabajadores del sector de la protección a menores se han concentrado ante la Consejería de Bienestar Social para exigir que se dé garantía de calidad en el servicio, que se aumente el ratio de profesionales y que se apliquen los convenios colectivos con el incremento de salarios.

Antonio Romero, responsable de Servicios Socioeducativos de CCOO, señala que las concentraciones de protesta son para hacer visibles las condiciones que sufren los trabajadores. Los sindicatos piden que vuelva a salir publicado el concierto social que ha sido anulado por el Tribunal Administrativo Contractual porque se salta ley de contratos y directivas europeas.

Estrella Fernández, responsable de Servicios Públicos de UGT, indica que es un sector precario de bajos salarios, plagado de personal no cualificado y que carece de una ley básica estatal que regule para todos igual. UGT ha pedido reunión urgente con el Gobierno porque «no puede haber una financiación diferente» en cada región y además abogan por revisar el modelo de gestión. Afirma que en Castilla-La Mancha falla la atención a las personas. Considera aumentar los recursos para la infancia y adolescencia es inversión, no gasto, señala que la protección es un derecho y que son servicios públicos esenciales.

Francisco Peces, presidente del Colegio de la Educación Social, indica que el concierto social suprime al educador y se sustituye por profesionales de lo social lo que deja una situación ambigua que en su opinión «posibilita lo que le ha ocurrido a la compañera de Badajoz».