La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha comparecido en rueda de prensa para tratar dos expedientes aprobados en el Consejo de Gobierno. Ambos contarán con una dotación total de 10,4 millones de euros para "atender y mejorar la calidad de vida" de personas en situación de dependencia y discapacidad.
El primero de ellos es la licitación de un contrato del servicio público del acceso a puntos de apoyo para personas de situación de dependencia por un importe de 9,7 millones de euros. Un servicio gratuito de la promoción de la autonomía que es "el mayor contrato de productos de apoyo que tenemos en España".
Los destinatarios son las personas en situación de dependencia con grado 1, 2 o 3 reconocido y el objetivo es la promoción de las actividades básicas de la vida diaria, facilitar la atención a las personas que les cuida y contribuir a alargar "lo máximo posible" que residan en su hogar.
La licitación será para los próximos cinco años, al finalizar el contrato actual el 31 de agosto. García Torijano ha datado en "más de 72.000" los beneficiarios del sistema de dependencia que cuenta con "97.500 prestaciones" y "con un gran catálogo de servicios".
El contrato será "el más completo de España", se entrega de forma gratuita y ofrecerá formación gratuita de estos productos. Actualmente los beneficiarios del contrato en vigor son 3.301 personas en situación de dependencia y el total de productos de apoyo ronda los 5.073, la titular de Bienestar Social espera "superar los 6.000 usuarios y llegar a los 10.000 productos de apoyo" en los próximos cinco años.
Estas prestaciones del catálogo de dependencia son compatibles con otras que pone a disposición la consejería.
Reducir las listas de espera. El otro de los expedientes que se ha aprobado es el programa temporal de contratación de 17 funcionarios interinos en categoría de terapeutas ocupacionales. Esta ocupación servirá para "ayudar y reducir notablemente las listas de espera" existentes en la valoración del grado de dependencia.
El nuevo Real Decreto implantado por el Ministerio de Sanidad ha provocado retrasos en estas listas de espera, que se dan en todo el territorio nacional, al aplicar cinco baremos en lugar de los dos actuales. García Torijano ha expresado que desde la consejería han solicitado una reunión con el ministerio y le han enviado una carta para que revise esta baremación.
Unos baremos "más exhaustivos", pero que tardan más en dar una respuesta al ciudadano. En la actualidad, los tiempos de espera media en Castilla-La Mancha son de 15 meses, pese a que la ley establece que deben ser seis como máximo. García Torijano espera que desde el ministerio hagan esos "cribajes que les hemos demandado" para reducir los tiempos de valoración.
Los especialistas contratados irán destinadas a los centros bases de Toledo y Albacete, los cuales tienen un mayor número de personas en lista de espera, y por una duración de un año.