No es la mejor antesala para el encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, la reunión que este jueves mantuvo Sánchez con el presidente catalán, Pere Aragonés, en el Palacio de la Generalitat. Sobre todo, cuando el presidente del Gobierno está dando largas a la celebración de una Conferencia de Presidentes.
Teniendo en cuenta que las concesiones a las peticiones separatistas, con la ley de la amnistía por delante, están elevando el tono de crispación y abriendo una brecha aún mayor en la ya latente división de la sociedad española, la única puerta abierta para rebajar la tensión llega sin que se atisbe posibilidad alguna de entendimiento, y eso no aporta unas condiciones favorables para la confianza política.
Pedro Sánchez ha querido mostrarse tajante en Cataluña, rechazando la posibilidad de un referéndum por inconstitucional. Si bien ese ha sido el único gesto que la España constitucional puede comprar al presidente de la reunión con Aragonés, no parece sino una trampa más, porque llueve sobre mojado. Hace unos meses, él y su gabinete de ministros no dudaban en afirmar lo mismo de la amnistía, que no era constitucional. Sin embargo, tras los acuerdos con los independentistas, se ha arremangado y se está tramitando una ley de amnistía en el Parlamento.
El presidente del Gobierno sabe que, de no cumplir sus acuerdos con ERC o con Junts, su posición quedará muy debilitada por la aritmética en el Congreso, y en esos pactos figura una consulta a los catalanes, para la que, con toda seguridad, Sánchez estará buscando la manera de llevar a cabo, dando rienda a las aspiraciones independentistas. Una solución más o menos fácil que podría estar barajando el presidente es la consulta no vinculante mediante la ley catalana 10/2014 de consultas populares no refrendarias, pero la ausencia de consecuencias legales directas de esta votación deja dudas de que esta solución satisfaga los anhelos de ERC o de Junts.
Entre tanto, el presidente del Gobierno ha sumado más cesiones al separatismo, con la convocatoria de una nueva reunión de la Mesa de Diálogo y una ley de garantía de plurilingüismo en las administraciones públicas, que se comenzará a tramitar en el primer período de sesiones de 2024. También ha anunciado la transferencia a la Generalitat del Ingreso Mínimo Vital, el impulso al centro tecnológico de producción de chips, o el desarrollo de un calendario para avanzar el traspaso de Rodalies.
Al final, un mapa de concesiones que choca con la petición de catorce presidentes de comunidades autónomas de una Conferencia de Presidentes para la que Sánchez solo responde que se celebrará «cuando toque».