El pasado 12 de septiembre, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, realizó una propuesta novedosa, la creación de la decimoctava comunidad autónoma española. Se trataba, claro, de una formulación teórica, de una entidad que sirviera para reducir las cargas administrativas y burocráticas de las empresas que permitiera avanzar en la construcción del mercado único nacional y que facilitara la obtención de permisos y licencias para operar en toda España. Es fácil prever que se trata de una buena intención de las del empedrado del infierno, dado que las CCAA son muy celosas de las competencias que han adquirido y están poco dispuestas a ceder un ápice de lo que han conseguido.
También como formulación teórica, pero con una base política contundente, puede afirmarse que la verdadera Comunidad Autónoma número 18 es Venezuela, porque lo que ocurre en el país latinoamericano está más presente en el debate político nacional que lo que pasa, por ejemplo, en La Rioja. Absolutamente todo lo que concierne a las últimas elecciones presidenciales venezolanas, a su vencedor virtual, el opositor Edmundo González, al presumible fraude cometido por los partidarios de Nicolás Maduro, a la ocultación, protección y exilio en España del líder de la oposición y el papel desarrollado por nuestro país -Rodríguez Zapatero incluido-, en todo este proceso, forman parte de los enfrentamientos políticos del día a día, hasta el punto de que es posible de que seguirse así, en el próximo barómetro del CIS, la situación en Venezuela desplace del primer lugar de las preocupaciones de los españoles a la inmigración, aupada hasta ese puesto de la noche a la mañana tras un bombardeo mediático-político interesado no exento de la concurrencia de bulos.
Como en el viejo aforismo periodístico, "no dejes que la verdad te estropee un buen reportaje", o un buen titular, de nada sirve que el líder de la oposición venezolana, de 75 años, exiliado en España a donde llegó a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Española haya mostrado su agradecimiento a nuestro país y haya confirmado que el embajador español en Venezuela, Ramón Santos, no intervino en las negociaciones para la obtención del salvoconducto -aunque es evidente que sufrió coacciones por parte del régimen bolivariano que se prevalió de su situación-, para que el debate en torno a su figura y a lo que ocurrió en la embajada de España en Venezuela se mantenga en el enfrentamiento entre Gobierno y oposición, para la petición mutua de dimisiones por perjudicar la imagen de España, porque siempre habrá un resquicio que la oposición utilice para destacar la mala gestión de Exteriores y la diplomacia española, mientras que desde el Gobierno se insiste en que bien está lo que bien acaba, que se ha garantizado la vida y la seguridad de Edmundo González según sus propios intereses, y que alguien miente o se equivoca cuando se le acusa simultáneamente desde distintas trincheras de haber beneficiado y perjudicado los intereses de Maduro.
Si al PP no le interesa lo que ha dejado escrito Edmundo González sobre el papel de España, pues se le ignora. Que el Gobierno no quiere dar explicaciones porque en la embajada española ha ocurrido algo inhabitual, pues también se considera normal. En la Comunidad Autónoma número 18 las cosas no iban a ser distintas que en las 17 restantes.