Izquierda Unida Podemos ha presentado una propuesta de 8 puntos para luchar contra los accidentes laborales que se comprometen a llevar a los ayuntamientos e instituciones donde estén presentes la próxima legislatura.
Juan Ramón Crespo, coordinador regional de IU, afirma que la siniestralidad laboral «golpea especialmente a Castilla La Mancha y también a Toledo, que es la tercera provincia en índice de siniestralidad laboral, siendo Guadalajara la que encabeza todas las provincias de España».
Considera que las medidas que hay que adoptar «no puede ser tan solo estéticas ni proclamas» como augura que todos los partidos harán hoy.
Se trata de tomar «medidas eficientes y eficaces» como las ocho que van a llevar a los ayuntamientos donde estén presentes, empezando por el pacto local por la lucha contra la siniestralidad laboral en el que estén integrados todos los partidos políticos, todos los grupos municipales, los sindicatos y los empresarios.
También cree importante que en los contratos que realice el ayuntamiento vaya como medida imprescindible la lucha contra la siniestralidad laboral como un elemento principal.
En tercer lugar la visibilidad de este grave problema porque «no es posible que una persona vaya a trabajar, pierda la vida» y esa situación se esté «tapando», por lo tanto el ayuntamiento «tiene la obligación de visibilizar este problema».
Otras medidas consisten en que en caso de empate en las contrataciones públicas el índice de siniestralidad de la empresa sirva para desempatar, guardar un minuto de silencio por cada fallecimiento que haya en la provincia, habilitar un teléfono para que los vecinos puedan llamar confidencialmente para denunciar una situación de riesgo y una campaña publicitaria por parte del ayuntamiento para concienciar no solo a los trabajadores del ayuntamiento y a los de las empresas concesionarias.
Crespo estuvo acompañado por José María Fernández y Olga Ávalos, concejales en el Ayuntamiento de Toledo, y los candidatos en Nambroca y Esquivias Jorge Vega, y Milagros Barrios, así como Manuel Prior, presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo, Avalto.
Barrios indica que desde que es alcaldesa de Esquivias, en 2015, se hizo un protocolo para garantizar a los trabajadores la seguridad. Tienen contratado este servicio con una empresa externa que vela por evitar las lesiones de trabajo, posturas, luminosidad, etc.
Se hace un informe anual de cada edificio y de cada trabajador en su puesto de trabajo valorando los riesgos laborales individualmente respecto al puesto que tengan.
Se ha creado una mesa conjunta de negociación con funcionarios y laborales nombrando la designación de delegados de prevención de riesgos laborales según la normativa vigente. También se ha constituido el comité de seguridad laboral así como el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo, con un protocolo especial para los trabajadores de ayuda a domicilio.
El servicio de vigilancia de la salud incluye los reconocimientos médicos de los trabajadores evaluando su puesto de trabajo a su capacidad personal.
Manuel Prior Ayón, presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo, Avalto, indica que el año pasado en España 826 trabajadores no regresaron a su casa, 36 en Castilla La Mancha. Afirma que la siniestralidad es «una violencia laboral olvidada por demasiados empresarios y demasiadas administraciones». Asegura que si se cumpliese la ley de prevención de riesgos laborales en un 80% y se eliminase la precariedad laboral «no estaríamos hablando de una cifra exorbitante que dejan cada día de promedio dos familias sin ver regresar a la persona que salió de su casa a trabajar».
Asegura que «la pandemia ha ayudado a una relajación salvaje en las medidas de prevención, que las últimas tres décadas se ha producido más de 41.000 muertos en accidente laborales en Castilla La Mancha, que Toledo es la provincia de la región que aglutina más del 33% de todos los accidentes en Castilla La Mancha y que en los dos primeros meses ya llevamos 8 muertos en el trabajo. Seguimos exigiendo a los empresarios que cumplan sus obligaciones y a la administración regional que cumpla su misión que es vigilar y controlar que se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales».