La Policía Judicial inspecciona desde primera hora de este jueves la sede del Servicio Canario de Salud (SCS) en Las Palmas de Gran Canaria por orden de la Fiscalía Europea, en busca de archivos relacionados con su exdirector Conrado Domínguez y su exdirectora de Recursos Económicos Ana María Pérez.
Las nueve personas que participan en este registro, ordenado dentro del caso Mascarillas (la presunta estafa de cuatro millones de euros a la sanidad pública de las islas en la compra de material que nunca se entregó), han entrado en esas dependencias del Gobierno canario minutos antes de las 8:30 horas, según ha presenciado EFE.
En el caso Mascarillas se pretende averiguar el destino de los cuatro millones de euros que el SCS adelantó en 2022 a una empresa sin experiencia alguna en suministros médicos, la firma de importación de coches RR7, para adquirir un millón de mascarillas 3M que nunca se entregaron ya que las que intentaron importar fueron bloqueadas por la Aduana por tratarse de falsificaciones.
La Policía sospecha de que el exdirector del SCS Conrado Domínguez, que dimitió tras su imputación en este asunto, podría haberse llevado parte de una comisión de 100.000 euros de ese contrato suscrito en 2022 en favor de la empresa RR7 United, según consta en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la Policía del que ha informado el periódico Canarias 7.